La opción vinculada con rebajas impositivas municipales y provinciales no incidirá en el desproporcionado costo tarifario que deben afrontar empresas y usuarios residenciales, pero sí ocasionará una baja en la recaudación de las administraciones que apliquen la medida, las que deberán achicar su nivel de gasto público con el consiguiente impacto negativo en el mercado interno. El actual esquema tarifario tiene como base una lógica de transferencia de recursos por parte del conjunto de la ciudadanía, el trabajo y la producción, hacia un grupo de grandes empresas que ven incrementarse sus ganancias mientras disminuyen tanto la producción como el consumo energético.
En contrapartida, existe un conglomerado productivo compuesto por las Pymes, las cooperativas y la economía social está siendo gravemente perjudicado por aumentos desmedidos que se suman a los constantes incrementos en combustibles, transportes, peajes e insumos. peajes e insumos. En el caso de las economías regionales, se suma el revalúo fiscal de las tierras, que no distingue entre economías familiares y grandes conglomerados agropecuarios.
A su vez estas empresas ven disminuir sus ventas en un mercado interno deprimido por la caída constante del poder adquisitivo de la población, que no puede afrontar el peso de los servicios sobre sus ingresos en un marco de cierres y despidos masivos, precarización laboral y proyección inflacionaria anual del 25 %. APYME afirma que esta situación no es fruto de políticas “erradas”, sino de un modelo económico donde la industria nacional tiende a desaparecer y las economías regionales se deterioran día a día en beneficio de algunos sectores especulativos, de servicios y de grandes exportadores.
Las Pymes, que trabajan e invierten en el país, hoy están cerrando sus puertas junto con sus trabajadores en un marco de emergencia social y productiva que el Gobierno busca ignorar. Esto se refleja en lo que ocurre en el día de hoy. Mientras que en el Congreso se bloquea la discusión de proyectos que buscan frenar los aumentos de tarifas, frente a la Legislatura hay colas para recibir 5.000 kg de pan que regalan Pymes afectados por la emergencia.
APYME continuará reclamando, junto con los sectores del trabajo y la producción, la revisión del actual régimen tarifario, la retracción de las tarifas a fines de 2017 y la suspensión de aumentos por un periodo que permita rediscutir los fundamentos del sistema y la aplicación segmentada de futuros incrementos en función de un verdadero desarrollo productivo con equidad social. Es preciso revertir la lógica del “mercado” y aplicar en cambio una lógica productiva y social, que impulse el desarrollo de las Pymes y del consumo en el mercado interno, al tiempo que se respetan los derechos de la ciudadanía al trabajo y a una vida digna.
