El documento que lleva como nombre “Política Agroindustrial; fundamentos para el desarrollo sostenido y sustentable de la agroindustria” fue elaborado por los economistas Alberto Porto, Julio Nogués, César Ciappa y Alejandro Onofri, y presentado ayer en la ciudad de Rosario, en una jornada organizada por el Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina realizado en las instalaciones de la Bolsa de Cereales. Para el mismo se tomó como base de cálculo los $36.000 millones recaudados por el Estado en 2008 por derechos a las exportaciones
Alberto Porto, profesor de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), destacó que para la sustitución de las retenciones existirían cuatro alternativas para recuperar parte de los ingresos por los derechos a la exportación.
La primera es que tendría que implementarse algún gravamen alternativo a la renta potencial de la tierra o bien una combinación de un tributo a la tierra como existe actualmente con el inmobiliario rural, acompañado con algún impuesto a la primera venta que realice el sector agropecuario. En este punto Ernesto Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina (SRA), aclaró que “esto daría una aumento de la recaudación de 1,5% y la eficiencia que implique una baja del gasto también del 1,5 por ciento”.
Por último, el economista afirmó que debería haber “un reordenamiento de la relación entre la Nación y las provincias”.
Para los economistas, el impacto que se tiene al eliminar las retenciones contemplando la pérdida de recursos fiscales, demostraría que la Nación dejaría de recaudar $11.174 millones y las provincias ganarían $5.334 millones, presentando un problema de $5.839 millones de déficit, pero aplicando un impuesto a la renta potencial a la tierra se estarían recuperando $3.900 millones, al cual “se le debe aplicar el buen funcionamiento del federalismo y respetando la distribución”, expresó Porto. Así las provincias pasarían a tener $9.200 de superávit, disminuyendo el déficit en $1.896 millones.
Por último, se destacó que si la Nación dejara de enviarle $9.000 millones a las provincias se obtendría un superávit de $3.144 millones, donde el interior pasaría a tener un sobrante de $2.856 millones quedando un resto de $6.000 millones que se utilizaría para financiar el plan de bonos alimentario de $60 y $40 a cada habitante de cada hogar considerado pobre. También señalaron que el sector público es el que debe dar el mayor esfuerzo compartido con el privado, de manera de disminuir la evasión fiscal y aumentar así la eficiencia del gasto público.
Fuente: BAE
