La iniciativa del Concejo no fue innovadora. En realidad, la Ley Nacional de Tránsito (N° 24449) vigente desde hace más de una década, en materia de condiciones de seguridad para conductores de motovehículos, establece en su artículo 29: inc. I, que “las motos deben estar equipadas con casco normalizado antes de ser libradas a la circulación”.
De todas formas, Giampaolo reafirmó la importancia de la misma ya que no que no permite a los vendedores entregar una moto sin el casco. No obstante, transcurridos ocho meses de la sanción, consintió que no tuvo el resultado que esperaba. “Si hay un pequeño mejoramiento en lo que es la cantidad de gente que usa el casco pero no lo que se esperaba”, admitió.
El edil aseguró que mantienen constantes reuniones con las direcciones de Tránsito e Inspección General. Los encuentros buscan fortificar los mecanismos de control. Inspección tiene que controlar a los vendedores de motos mientras que Tránsito debe verificar la utilización del casco en la vía pública. Giampaolo admitió que hay “faltantes en el cumplimiento en algunos estamentos del Ejecutivo”.
No obstante, también colocó en la balanza la falta de conciencia de los usuarios de los vehículos de dos ruedas. “La gente no toma real conciencia del uso del casco. Yo presencié operativos de Tránsito donde muchos jóvenes en moto detectan un operativo policial y doblan contramano y se les escapan a los agentes”, indicó.
Es más, los agentes piden ser acompañados por uno o dos policías porque de lo contrario son sujetos de agresiones y falta de respeto de parte de quienes conducen sin caso o transgrediendo otras normas. “Serían merecedores del secuestro de la moto pero se hace físicamente difícil implementarla”, sostuvo el edil.
Respecto de las sanciones impuestas a los comercios que no entreguen el casco, Giampaolo dijo que no conoce que alguien haya sido multado por infringir la ordenanza. “Por eso digo que acá también hay cierta necesidad de que los departamentos correspondientes actúen”, argumentó.
Por último, dijo que desde el Concejo no pueden hacer más. “Llega un momento en que legislativamente se nos terminan las posibilidades de lograr soluciones y queda pendiente el cumplimiento y la exigencia de las ordenanzas por parte del Ejecutivo”, señaló.
Casco y cinturón de seguridad
Varela recalcó que la ordenanza tiene dos aspectos: uno el que concierne a los vendedores, el otro a los motociclistas. “Tienen la obligación de usar el casco”, recalcó. “Vender el casco con la moto es lo mismo que vender el auto con el cinturón de seguridad, no garantiza que el conductor lo vaya a usar”, ejemplificó.
Desde su óptica, hubo un leve aumento en el uso del elemento protector. Según los conteos que habitualmente realiza (escoge una esquina al azar y controla cuantos motociclistas cruzan con y sin casco durante 15 minutos), los cascos han pasado de resguardar la cabeza del 1, 5 % de los motociclistas a un 5 %. Para Varela, el porcentaje mencionado sigue siendo “absolutamente insuficiente”.
Consultado sobre un porcentaje de motociclistas que con casco que lo deje conforme, Varela no dio cifras. Sólo acotó que deberían manejar en forma “cuidadosa” y “prudente”. Pero admite que no es lo que se ve. Es común ver menores sobre la moto, o tres o más personas sobre una moto.
“Si uno ve en la ciudad el porcentaje se ha ido incrementando pero creemos que es pura y exclusivamente por la presión que estamos ejerciendo y por la cantidad de motos que estamos reteniendo”, sostuvo. Actualmente Varela dijo que estaban reteniendo cerca de 200 motos por mes. El año pasado estaban cerca de las 70 u 80 motos.
Por semana, Tránsito realiza 8 o 10 operativos semanales. “En algunos casos más, siempre y cuando trabajemos en compañía de la policía que es la que nos garantiza hacer los secuestros”, dijo el titular de Tránsito. “No solamente se niegan sino que se producen evasiones, escapes a contramano por arriba de las veredas. Resulta que un operativo que intenta dar seguridad si no se acompaña de la Policía corremos el riesgo de aumentar el riesgo”, indicó.
Pero el problema es la capacidad operativa. El carro que utilizan sólo puede llevar dos vehículos simultáneamente. “Ese es un problema que estamos en vías de mejorarlo porque ya hemos hablado con el secretario y estamos gestionando una camioneta y un acoplado más grande”, explicó el titular de Tránsito.
La primera vez que es retenida una moto debe permanecer por 5 días, que se extienden a 10 y a 15 días en la segunda y tercera oportunidad. El Juzgado de Faltas es quien devuelve el vehículo una vez constatada la presencia de la documentación requerida. Además de la multa establecida, Tránsito cobra $ 15 por traslado y $ 10 por día de estadía.
Si al importe de una multa se le suma los gastos detallados, el motociclista se encuentra ante la posibilidad de tener que abonar el equivalente al precio de un casco homologado ($ 400) –hay más baratos pero Varela los calificó que “quitamultas” debido a que la única garantía que brindan es la de evitar una sanción-. “Está en esos valores. No tener la moto por cinco días y hacer todos los trámites prácticamente conviene tener el casco
«Sin casco no hay nafta»
Los diputados provinciales Juan Domingo Zacarías y Jorge Maier, presentaron el año pasado un proyecto de resolución con el objeto de instar al Poder Ejecutivo provincial a sumarse a iniciativas municipales y de otras provincias que impulsan una política concreta para evitar accidentes fatales bajo el lema “Sin casco no hay nafta”. Se insta también a acordar con los comercios que venden motocicletas y cuatriciclos para que se incluya en la venta de cada una de las unidades un casco reglamentario.
El proyecto de resolución quedó registrado bajo el expediente Nº 16.936 y en el mismo solicitan al Poder Ejecutivo Provincial a que celebre convenios con las Asociaciones que agrupan a los expendedores de combustible en la Provincia de Entre Ríos a fin de prohibir el expendio de combustible a las motocicletas y cuatriciclos cuyo conductor y acompañante no posean casco reglamentario.
Los legisladores del Movimiento Social Entrerriano, fundamentaron la iniciativa en que “durante este último tiempo, los motociclistas han sido protagonistas de numerosos accidentes de tránsito con graves consecuencias para sus vidas y las de sus acompañantes por la falta del uso del casco reglamentario”.
Ante esta terrible situación que ha provocado el aumento de la mortalidad de jóvenes por accidentes de tránsito motovehiculares, muchos de los municipios del territorio Nacional, han promovido legislación con el objeto de generar conciencia en el cumplimiento de la normativa vigente que obliga el uso del casco para el conductor y acompañante.
Para Zacarías y Maier, “la promoción de legislación viene acompañada de una campaña de concienciación conocida con el lema “Sin Casco, no hay Nafta”, con la que se pretende hacer participar a otras organizaciones civiles, en virtud del principio de responsabilidad social empresaria, para que colaboren con la iniciativa del Estado de promover el uso debido del casco”.
Para Varela, “sería de gran ayuda poder lograr que los propietarios de las estaciones de servicio colaboraran en este sentido”.