«Es un objetivo ambicioso, lo sabemos», contó a Página I12 un alto funcionario del Ministerio de Economía, en referencia a la nueva estimación de inflación que se incluye en el Presupuesto 2022 que, tras haber sido rechazado por la oposición, se presentó ayer con modificaciones vía un Decreto en el Boletín Oficial. Admiten en el Gobierno que de ese dato, el de los precios, que se moverían según el nuevo cálculo en un rango de entre 52 y 62 por ciento (57,7 de promedio anual), depende buena parte del éxito de la gestión de Martín Guzmán en Hacienda. Y es además determinante para la economía entera, dado que hay señales concretas de que este nivel de inflación está empezando a frenar el consumo y la actividad.
Si los precios se mantienen en esos rangos, según el Gobierno, la economía podría crecer hasta 4 por ciento este año, siendo la primera vez desde el 2010 que hay dos años consecutivos con mejoras en el PBI. Pero eso está atado, de acuerdo a fuentes de la Casa Rosada, a la posibilidad de recomponer reservas. En ese sentido, en Economía piensan en varios frentes: primero, que la suba de tasas de interés que ordenó ayer el BCRA -que pagará 53 por ciento a plazos fijos- saque algo del interés sobre el dólar. Y además genere incentivos para acumular dólares en el Central. La modificación de tasas tuvo otro capítulo dentro de las medidas, apuntado al consumo: se aumentó la tasa que se pagará por comprar en 12 o 24 cuotas con el Programa Ahora 12. Ese dato, que a priori parecía menor, también es relevante para cuidar los dólares porque buena parte de la electrónica que se facilita en cuotas, le genera al Estado pérdida de dólares por importación de partes. En síntesis, lo que Guzmán busca son tasas reales positivas en todos los frentes para ordenar interna y externamente el escenario.
En paralelo, la segmentación de tarifas de energía reducirá el gasto en subsidios y tensionará menos la cantidad de divisas que Argentina tendrá que usar para importar energía. En las últimas horas, el Gobierno avisó que el decil más rico de la población pagará la tarifa plena, sin asistencia del Estado. Eso regirá para todos aquellos que tengan una de estas tres condiciones: familias con ingresos mayores a 3,5 canastas básicas de pobreza (más de 333 mil pesos), tres o más vehículos con antiguedad menor a cinco años, tres o más inmuebles y ser propietario de embarcaciones de lujo.
Los objetivos «móviles» del ministro
Guzmán ve, de todos modos, objetivos móviles que pueden ser modificables si el escenario se complica. De hecho, en su entorno aseguran que los efectos colaterales de la guerra en Ucrania generaron en el Gobierno la necesidad de completar un mayor gasto público en el segundo trimestre, que no estaba incluído en el plan original que se alcanzó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Aquí destacan, entre otros puntos, el bono a trabajadores informales y jubilados que se hicieron para compensar el golpe al bolsillo de la suba de alimentos. La frase que usan es que «tenemos una dinámica de gasto real más alto, antes de lo pensado. Por eso, la política monetaria y fiscal no puede quedarse quieta si queremos alcanzar tasa reales positivas en el mediano plazo y acumular reservas».
Así y todo, en el Gobierno insisten en que estos mayores gastos no modifican metas con el FMI. Guzmán sigue teniendo en la cabeza una acumulación de reservas de 5800 millones de dólares, un déficit primario del 2,5 por ciento del PBI y una asistencia al Tesoro a través del BCRA no superior al 1 por ciento. En esa línea, descartan en el Gobierno que haya grandes saltos cambiarios: «lo más prudente es mantener un tipo de cambio real sin variaciones de gran magnitud», afirman.
«La política económica del Gobierno Nacional tiene como objetivos el crecimiento sostenible con generación de empleo y el fortalecimiento de las condiciones para reducir la inflación», sostienen en el ámbito oficial. A tales fines, admiten que será clave el alineamiento de las políticas fiscal y monetaria. Val decir que estos objetivos tienen a la regulación de la inflación como condicionante número uno. Guzmán cree, sobre eso, que el rango reformulado es cumplible. El Presupuesto que no votó la oposición tenía una inflación del 33 por ciento y un crecimiento del 4 por ciento. En el nuevo DNU el ministro apuesta fuerte: recalcula la posibilidad de tener una inflación casi del doble que la no aprobada, pero con un crecimiento del PBI igual. La idea es de riesgo pero cerca del funcionario afirman que «las condiciones están dadas» para cumplir con los pautado. Esa evidencia se verá reflejada en sólo dos o tres meses, cuando se testee en junio y julio si la desaceleración de los precios está en línea con los anhelos del ministro que el presidente Alberto Fernández empoderó para comandar todo el frente económico.
Por tal motivo, “no resulta compatible la construcción de un barrio de viviendas en una zona de áreas naturales protegidas, dado que la urbanización trae consigo una serie de problemáticas de carácter contaminante, tales como: la circulación de efluentes cloacales, la emisión de residuos, y otros factores contaminantes de diverso tipo”.
“En definitiva, una serie de situaciones que no se compatibilizan con una reserva natural y un área natural protegida, aún con el carácter de reserva de uso múltiple”, precisó. Y remarcó: “toda la normativa referenciada precedentemente, establece de manera expresa el deber del Estado nacional y de los Estados provinciales de proteger el ambiente, y de recomponer los daños que eventualmente puedan generarse en nuestro ecosistema. Deber que resulta insoslayable y al que, claramente, nuestro Estado provincial no puede hacer caso omiso”.
En consecuencia, el legislador le pidió al ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo, de quien depende la Secretaría de Ambiente, que “tome intervención y aplique toda la normativa referenciada para asegurar la efectiva protección de las áreas naturales protegidas”.
En una nota administrativa enviada al funcionario para anticiparle sobre la presentación del pedido de informes, Mattiauda manifestó su preocupación por el anuncio de la construcción de un barrio de 20 viviendas en Colonia Las Piedras, y le solicitó que “tome las medidas tendientes a asegurar la efectiva protección de las áreas naturales protegidas”.
