¿Cuál es el nivel de calidad democrática que tiene nuestro Municipio?
-La máxima autoridad en el orden local, el Sr. presidente del P.E. municipal, así como los funcionarios de cada área, ¿reconocen la importancia de la legislación vigente, dirigida a establecer obligaciones de los gobernantes y, al mismo tiempo, proteger los derechos de la población en cuestiones relacionadas con el ambiente?
-Y si los reconocen, ¿por qué no los aplican cuando están por tomar medidas que van a afectar la vida de los habitantes y del medio en que estos se desarrollan? (Art. 41 C.N., Arts. 4,13,22,37,51,83,84 y 85 C.P., Ley Nº 2727516 de acceso a la información pública, Ley Nº 25831 sobre libre acceso a la información pública ambiental, el reciente y esperado Acuerdo Regional de Escazú vigente desde el 22/4/21 y Ordenanzas locales, entre otros ejemplos)
-¿No consideraron importante conocer la opinión de nosotros,
Los mandantes, previo a la ejecución de actos que luego fueran ampliamente discutidos y cuestionados por la población? Un caso concreto, entre varios, lo constituye la manera en que se realizó la tala de árboles, en la zona del perilago.
-La elección de las tierras para la ampliación de la pista del aeropuerto, ¿no ameritaba una consulta sobre la conveniencia de avanzar sobre los terrenos que aparentemente se eligieron? Dicho esto sabiendo que, en su momento se realizaron objeciones sobre la ampliación en dirección Sur.
– Y ahora, con el anuncio de la construcción de 600 viviendas, proyecto que celebramos, ¿se cumplirá con la obligación de no avanzar sobre bienes comunes naturales (selva en galería)? ¿Los terrenos a utilizar que se mencionan, son los más apropiados?
Por último, volvemos sobre un tema, aún sin respuestas o explicaciones de parte de las autoridades, que sigue preocupando enormemente a esta Asamblea: el desmonte y relleno del humedal de Salto Chico sobre Av. Eva Perón, así como el desvío del hilo de agua que lo atravesaba, tareas que se realizan ante los ojos de la población que contempla azorada que el propio Municipio haya autorizado dicha obra desconociendo la legislación vigente y las posibles consecuencias a futuro para el hábitat de los vecinos del lugar. ¿Hubo un estudio de impacto ambiental (EIA), ajustado a lo que establecen las normas de aplicación en casos como el presente?
Este caso, ya paradigmático por lo grotesco, se suma a otros muchos en la ciudad como el loteo, desmonte, rellenado con toda clase de residuos y canalización del curso de agua en Bvard. Yuquerí. De hecho, podríamos seguir con los ejemplos.
Por todo esto, entendemos que estos llamativos procesos de violación de normas merecerían explicaciones públicas que nunca se han realizado y que hoy volvemos a demandar.
