El radicalismo presentó la semana pasada una nota al Gobernador Gustavo Bordet solicitando fondos para las campañas electorales, tanto las primarias de abril como las generales de junio. El lunes, el resto de las fuerzas que integran el frente electoral transitorio Cambiemos firmarán un pedido de igual tenor que será entregado al Gobernador el martes, confirmaron a esta Agencia tanto el apoderado del GEN, Osvaldo Fernández, como el del Movimiento Social Entrerriano, Gustavo Doce.
La decisión fue tomada ayer en horas de la tarde, durante la reunión en Villaguay de los apoderados de las fuerzas que integran la alianza transitoria.
La nota entregada por la UCR la semana pasada se funda en el antecedente de lo ocurrido en 2007, la última oportunidad en que Entre Ríos adelantó las elecciones provinciales, separándolas de las generales.
Por ese entonces, el gobernador Jorge Busti firmó un decreto (el 437/07) disponiendo un aporte no reintegrable para las fuerzas que iban a participar de las elecciones de marzo de ese año, que se repartiría en función de las categorías en que participarían cada una de las 53 que estaban habilitadas por el Tribunal Electoral.
El escrito del radicalismo, firmado por el secretario del comité Sergio Kneetman y el presidente Leandro Arribalzaga, apela también al carácter de “instituciones fundamentales del sistema democrático” que la Constitución provincial les otorga a los partidos políticos en Entre Ríos.
En el mismo sentido, el dirigente del Partido Socialista Marcelo Haddad confirmó a APFDigital que el jueves harán por escrito una presentación ante el Gobierno pidiendo fondos para afrontar el gasto de impresión de boletas y de las campañas que se avecinan.
Pero, además, requerirán que exista “igualdad de condiciones en toda la competencia”, dijo. Esto incluye fondos y la impresión de boletas, que la Provincia adhiera a la ley nacional de servicios de comunicación audiovisual para que todas las fuerzas que compitan tengan igualdad de segundaje en los medios y no se pueda contratar espacios por fuera, auditoria por parte del Tribunal de Cuentas y la prohibición de utilizar bienes públicos y de inaugurar obras por parte de quienes sean candidatos en épocas de campaña.
