“Cuando se dio cuenta de este error la señora Cristina Yañez de Roggero -encargada de la Dirección de Discapacidad- lo comentó al departamento Ejecutivo”. La reacción del Ejecutivo fue enviar una nota donde solicita que se vuelva a la redacción original de la ordenanza, incorporando el párrafo omitido.
Pero la comisión de Salud –presidida por el concejal y médico Roberto Chabrillón-decidió rechazar el pedido del Ejecutivo. En una reciente sesión, Tribulati pidió enmendar la omisión. “Ese día yo lo plantee porque me di cuenta que las escuelas estaban quedando fuera del Concejo, que son escuelas que atienden a chicos especiales y de muy escasos recursos”, señaló. Pero ese día, Chabrillón les dijo que: “las escuelas no quedaban fuera de nada y nos intentó dar una explicación”.
El miércoles pasado, Tribulatti se reunió con miembros del Consejo de Discapacidad. Durante el encuentro, quedó claro que los ediles deben hacerse responsables lo que aprobaron. “No nos dimos cuenta como estaba el párrafo. Hay que subsanarlo porque es un error nuestro y las escuelas deben recibir los fondos, siempre y cuando determinen en su estatutos que atienden a discapacitados”, expresó la edil
La concejal hizo referencia a las escuelas especiales Nº 1 y Nº 2 y otras privadas “que nacen desde los padres y que a veces logran aportes desde el Estado con respecto a algún cargo del personal pero de todos modos necesitan hacer enormes esfuerzos”.
La concejal dijo no entender como las escuelas se quedaron sin los aportes que hubiesen recibido provenientes de la recaudación de la última edición del Carnaval. “Fue una recaudación muy buena. Hubiese sido un aporte muy importante. Lo que queda por lo menos que sea repartido equitativamente y que puedan recibir estos aportes”, expresó.
Una ley a nivel nacional determina que un porcentaje de la recaudación de las entradas de los espectáculos públicos se destine a las instituciones que atienden a discapacitados. El municipio separa $ 0,50 de las entradas para el Consejo de Discapacidad, que a su vez lo redistribuye entre las entidades que se ocupan de atender a quienes padezcan algún grado de discapacidad.
