El comunicado del CICS señala que compensar deudas entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal es una práctica no sólo legal sino además cotidiana. “El uso de las compensaciones surge de la incapacidad del Estado de hacer frente a sus deudas y es por ello que las salda con créditos fiscales, situación de ninguna manera beneficia a las empresas acreedoras”, se señala.
Mas adelante, se sostiene que esta previsto por ley que existan cesiones de créditos fiscales y que los cesionarios puedan compensarlos con sus deudas fiscales. “Una empresa acreedora del Estado, que dispone de un crédito fiscal a su nombre, a la que le conviene hacerse de dinero en efectivo de manera inmediata, cede ese crédito a otra firma, que lo usará para abonar sus impuestos. El precio de la cesión surge de la libre negociación entre partes”, se manifiesta en otro párrafo.
La nota se hace más interesante cuando se apunta a que en cada uno de los pasos mencionados intervienen profesionales como contadores, doctores en ciencias económicas y licenciados a quienes “las empresas confían la consecución de trámites complejos y cargados de tecnicismos, como también es común que les confíen los fondos para ser aplicados en cada caso”. “La extensión mes a mes del correspondiente libre deuda fiscal por parte de la ATER sirve a las firmas de resaseguro para verificar que los recursos asignados han llegado a destino en forma indubitable”, se manifiesta.
“Es por todo ello que varias de las empresas que figuran en las listas divulgadas por los medios basándose en fuentes oficiales han expresado su malestar ante el CICS. Parten de la certeza de haber procedido correctamente, habiendo desembolsado recursos con los que saldaron sus impuestos mediante compensaciones y obteniendo a cambio el libre deuda extendido por la oficina más cercana de la ATER”, se indica más adelante.
“Si, contradiciendo esas libre deudas emitidas por el propio Estado, esos dineros no llegaron a su destino legal, se trata de una estafa que tiene a las empresas por primeras víctimas. En otras palabras: esas firmas se sienten estafadas e injuriadas ya que pagaron, obtuvieron el libre deuda que así lo confirma y hoy ligeramente se dice que tienen pasivos que el mismo Estado certificó que habían sido saldados”, se señala.
El último párrafo manifiesta que las empresas, “prima facie estafadas”, son “las que mayor interés tienen en que la investigación judicial avance a fin de esclarecer el destino de los fondos desembolsados”. Por ello el CICS a los actores involucrados y a los medios a sujetarse al estado de derecho, “facilitando que la Justicia cumpla acabadamente su rol y mientras no exista condena judicial firme, evitar todo prejuzgamiento”.
El balance de la reunión
En tanto, Guitar señaló que en el Centro de Industria hubo un debate interno respecto de la situación planteada y que la postura institucional está plasmada en un comunicado elaborado al efecto. “Planteaban que habría una diferenciación entre lo que los estudios contables le dijeron que estaban haciendo y lo que estaban haciendo realmente. Esto habría que comprobarlo caso por caso porque no se puede generalizar diciendo que todos actuaron de buena fe o que todos actuaron de mala fe”, dijo el edil.
Asimismo, los representantes del CICS dijeron a los ediles que son partidarios de esperar que la Justicia avance en la investigación de la causa y que el Centro no es la entidad que debería emitir un juicio al respecto. El edil indicó que coincidía en las apreciaciones respecto de que debe proseguir la investigación judicial. “Es importante que la Justicia empiece a encontrar a los responsables”, manifestó el concejal.
Más adelante, Guitar dijo que era la respuesta que estaban esperando aunque también admitió que esperaban un poco más. “Entendemos el lugar donde están parados el Centro de Industria que tienen que sacar una única voz y tienen un universo bastante heterogéneo al cual representan. Tal vez esperábamos un paso más grande pero es más que entendible desde el lugar donde están hablando”, señaló.
De acuerdo a lo alegado por el CICS, el Concejo debería citar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para reclamar explicaciones. “Es una alternativa que barajamos dentro de la reunión y luego continuaremos hablando con los concejales. Posiblemente convoquemos al Consejo de Ciencias Económicas porque entendemos que es un actor protagónico en toda esta cadena de sucesos”, indicó Guitar.
La opinión del fiscal
En una entrevista concedida a DIARIOJUNIO el 24 de junio pasado por este tema, el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Amilcar García, mencionó cual era a su criterio el papel de los estudios contables en la denuncia por fraude a la administración pública y a la vez fraude tributario.
Y la respuesta, si bien responsabiliza a los contadores por un lado, por el otro no desvincula en lo más mínimo la conducta de los empresarios. “No me cabe la menor duda que son coautores, porque estas cosas no las manejan los empresarios en forma directa; ellos no son quienes llevan los libros contables; necesitan el auxilio indispensable de los contadores, no quiero hacer con esto una cuestión de profesión, pero es cierto que hay un área contable que es responsable de que una compensación sea falsamente presentada para abonar menos de lo que se debe”, indicó.
Por último, cabe acotar que DIARIOJUNIO intentó dialogar con el titular del Instituto de Informaciones Comerciales, Ricardo Gómez, para consultarlo debido a que su esposa, María Isabel Campopiano, aparece en listado de ATER debido a una compensación del comercio del cual es titular por $ 224.625. No obstante, los llamados fueron infructuosos dado que Gómez no estaba o se encontraba reunido. Tampoco devolvió ninguno de los llamados.
