Los concejales recibieron el 14 de julio, por expediente Nº 15.921, la respuesta a la mayoría de los puntos contenidos en un proyecto de resolución presentado tiempo atrás a la empresa de cable. “No respondieron todos los puntos que solicitábamos en el pedido de informes”, expresó Giampaolo. “Que nos brinden las respuestas no quiere decir que estemos conformes con las mismas”, sostuvo. Por ese motivo, los ediles están pensando en reiterar y ampliar la solicitud de información, a través de un escrito o mediante una reunión cuya fecha de concreción no pueda superar los 15 días de aquí en más.
La deuda es el ítem más importante. “No tenemos conformidad en ese punto porque la empresa de cable informa que no tiene deuda exigible alguna con el municipio”, indicó. En cuanto a la tasa por Inspección e Higiene, el edil consignó que existen dos medidas cautelares: una en la Justicia Federal y otra en la Justicia ordinaria. “En ese marco acompañan abundante normativa por la cual sostienen estar avalados por la Justicia para estar depositando una tasa aproximada a la que correspondería pagar comparativamente con otras ciudades, y técnicamente sostienen en base a estas medidas judiciales y a su posicionamiento en el tema que no están adeudándole suma alguna a la municipalidad”, indicó Giampaolo.
“Lo vamos a estar analizando con el sector Legales e inclusive en el seno de la comisión de Obras y Servicios Públicos estuvimos pensando generar algún marco más abierto de discusión”, explicó. La idea es que participen del encuentro entre los concejales y la empresa, si es que algún representante de la empresa acude al mismo, el Ejecutivo, el Colegio de Abogados y el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. “Queremos abordar en conjunto con varias instituciones de peso en la ciudad para solucionar de una vez por todas esta problemática”, añadió.
¿Cuánto le debe Videocable hoy a la municipalidad en concepto de tasa de higiene y de uso de espacio aéreo? “La deuda está sujeta a cálculos porque está toda judicializada. Lo que se creó originalmente es de uso de espacio aéreo. Pero ellos sostienen que aceptarían pagar alguna tasa de Inspección e Higiene un poquito más elevada que la común, la normal o la habitual”, respondió el titular del bloque del PJ.
En realidad, en el Concejo se desconoce exactamente cual es la deuda. “El monto total que debería Videocable a la municipalidad está sujeto a liquidación; a una mensura judicial porque oscila entre muchos números: obran en el Concejo Deliberante informes de $ 4.000.000, de $ 10.000.000 o $ 12.000.000”, explicó el titular del bloque. “Depende de resoluciones judiciales que han sido dictadas y que hay que pasarlas a liquidación y de resoluciones que aún no han sido dictadas”, añadió Giampaolo.
¿Van a pedir una reunión con el titular del Área de Asuntos legales para interiorizarse acerca del tema en cuestión? “Ya hemos tenido varias reuniones, tanto con la asesoría legal como con la secretaría de Finanzas y vuelvo a repetirte que el monto total de la deuda está sujeto a liquidación o cálculo de resoluciones judiciales que se han dictado o que estarían por dictarse. Por eso hoy no puede hablarse de cual es la deuda concreta”, respondió Giampaolo.
Historia de una deuda
En 2002, durante la gestión de Hernán Orduna, se hizo una determinación de oficio de deuda sobre base presunta (debido a que la empresa no había aportado planos de sus instalaciones en la vía pública) por la utilización del espacio aéreo (colocación de cajas, postes y cables en veredas) que se acercaba a los $ 13.000.000. Pero una vez que Videocable acercó los planos, la deuda se contrajo hasta quedar en $ 3.000.000.
Posteriormente, en 2004, durante la gestión de Juan Carlos Cresto, el municipio reclamó una parte de la deuda total, cercana a los $ 4.500.000 por uso del espacio aéreo y la tasa de higiene. Reclamó el capital de la deuda y dejó de lado los intereses. Para ello, decidió recurrir a los tribunales porteños (ambas empresas tienen domicilio en Buenos Aires) No obstante, Videocable se encontraba en concurso de acreedores. Al momento de verificar las acreencias, el síndico de la causa desestimó el monto exigido por el municipio. Éste último promovió un incidente de revisión en abril de 2005, pero hasta marzo de 2006 la demandada no había sido notificada. En tanto, el municipio no puede cobrar los tributos ni inspeccionar a la empresa de cable.
Posteriormente, el tema ingresó en un cono de sombras en el que periódicamente intentaban alumbrar con algún pedido de informes ex-concejales de la oposición, como Gladis Tribulatti o Ricardo Larocca, pero los papeles morían en algún cajón y el tema pasaba al olvido nuevamente
Otros temas
El cuestionario incluyó varios puntos. Por ejemplo, el reordenamiento de las grillas de canales y la falta de información. Videocable informó que por resolución Nº 227 del Comfer, “se dispuso de manera obligatoria y bajo apercibimiento de sanciones graves un reordenamiento por rubros de los distintos canales”. Acto seguido, las empresas de cable más importantes como Cablevisión S.A. y Multicanal S.A. presentaron quejas administrativas y judiciales ante el Comfer que demoraron la aplicación de la resolución.
“Inclusive el mismo Comfer, en un momento, y extraoficialmente anunció la suspensión de la medida. Eso hizo que Videocable no lo anuncie hasta que, de forma imprevista, se oficializó la obligatoriedad de cambiar la grilla”, expresó el edil. De todas maneras, Videocable alegó que “hizo una publicidad no muy extensa del cambio de grillas”.
Otro de los temas en cuestión es la utilización de decodificadores. “En este punto, Videocable dice que el Comfer administrativamente habilitó la posibilidad de usar decodificadores para controlar que canales se abren y que canales no se abren”, dijo el edil. Algunos vecinos de Concordia hicieron un planteo ante el STJ (Superior Tribunal de Justicia) (autos Cardozo/Concordia Videocable S.A.; Tevecon S.A.) y el tribunal terminó “declarando la constitucionalidad del uso de la empresa de tecnología que le permitan un contralor sobre la imagen que se emite”. Por lo tanto, la empresa entregó una copia del fallo y los ediles la pusieron a disposición de los abonados que la requieran.
Más adelante, en el cuestionario se había establecido el interrogante acerca de la ausenciacuanto en la programación de Tele 5 y del canal de aire que transmite la municipalidad. Según el presidente del bloque, al tratarse de canales de aire, el Comfer “obliga a emitirlos”. No obstante, la empresa de cable contestó que las señales “no estarían autorizados a emitir señales y los tratan de alguna manera de clandestinos, y por ello no están obligados a emitirlos”.
En ese punto, Giampaolo sostuvo que no coincidían con el planteo porque: “conocemos que existen acciones judiciales y administrativas que permiten que la señal siga en el aire”. En consecuencia, al ser emitida la señal, “es un principio en esta materia que debe reconocerse la validez del canal y permitir la retransmisión por cable”, expresó. Con argumentos basados en cuestiones de más de hecho que jurídicas, Giampaolo aseguró que no puede soslayarse que Tele 5 “funciona, tiene programación y los concordienses estamos privados de poder verlos”.
No dejaron fuera del proyecto de resolución los reclamos que realizan los abonados por las demoras en atenderlos. “También estamos analizando y viendo que normativa podríamos llegar a dictar porque ellos dicen tener un excelente sistema de reclamos vía telefónica (de 8 a 24 hs.), por e-mail, por página web (las 24 hs.) y en forma personal 8 a 12 y de 16 a 24 hs.)”, indicó. Además, cuentan con 7 empleados, 6 telefonistas y una planta de 24 técnicos con 12 camionetas a disposición. “Suman a eso una planta de 8 empleados para tareas administrativas”, añadió.
Cada reclamo es ingresado en un sistema donde se le asigna un único número, se le imprime en la oficina técnica y se clasifica según el tipo. “En este marco, pensamos plantearle a la empresa, de común acuerdo, o a través de las normativas que emitamos nosotros, algún tipo de comprobante con fecha cierta del día que se hizo el reclamo”, indicó el edil.
En cuanto a la salida y el ingreso de distintos canales en la programación, Videocable informó que están habilitados por cuestiones técnicas por la normativa que los rige -las disposiciones que emanan del Comfer- “a suspender la transmisión de algunos canales y a mantener otras”.
Una parte del informe hizo referencia a las tarifas. “Explican los costos de cada uno de los servicios que brindan que son bastantes extensos en cuanto a tarifas y en como fueron evolucionando de 2005 a 2008”, dijo el edil. El costo del abono básico de Canal 2 evolucionó de $ 30 en 2005 a $ 28 en 2008; Canal 6 pasó de $ 40 a $ 50; el decodificador adicional en 2005 valía $ 30 y ahora $ 38; una conexión nueva hace tres años valía $50 y en la actualidad $ 150.
Uno de los puntos que, aparentemente quedaron sin contestación (al menos Giampaolo no lo mencionó) fue la contestación sobre el “grado de avance o proyectos de obra existentes o en elaboración tendientes a cumplir con la obligación de soterrar el tendido aéreo de cables”. En realidad, sabido es que no enterró ni un solo metro de cable pero hubiese sido interesante conocer el argumento por el que no cumple con una ordenanza vigente de 1996, cuya fecha máxima de implementación venció hace dos años.
