Cumpliendo con lo establecido por la Constitución Provincial en su artículo 88º, fue convocada para hoy a las 11 la Asamblea Legislativa. El objeto del llamado es tratar el veto parcial del proyecto de ley que modifica el artículo 5º de la ley 9774, que fuera sancionado el 13 de febrero de 2008. Se trata de la norma que tiene por propósito viabilizar convenios con la provincia para regularizar préstamos del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISIM). Aquellos fueron tomados a valor dólar cuando estaba en vigencia la ley de convertibilidad. El decreto comunicando la determinación a las Cámaras es el número 1125, del 5 de marzo.
El veto
El veto refiere a la última parte del artículo 1º de la norma, donde se establece que “las costas de los procesos iniciados por los municipios, salvo los de sus propios letrados patrocinantes, y costos que adhieran al Programa de Financiación de Deudas Municipales, serán soportados íntegramente por el Estado Provincial”.
De acuerdo al decreto de veto, resulta jurídicamente “inconveniente” introducir una regulación particular para las costas en los procesos vinculados a los préstamos PRODISIM, ya que lo relacionado a costas de los procesos judiciales se encuentra previsto en el Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos.
Encontrar una solución
Hay que mencionar que aquella norma surgió para viabilizar convenios entre provincia y municipios, para lograr una regularización de préstamos del Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales Municipales (PRODISIM), que fueran tomados en dólares bajo la vigencia de la ley de convertibilidad.
Apenas conocido el veto se impulsaron una serie de encuentros entre el Legislativo y el Ejecutivo. El Senador Hernán Vitullo (PJ- Gualeguay), titular de la comisión de Asuntos Municipales de la Cámara Alta, explicó que “se tiene que analizar detenidamente la posición de las comunas frente a un problema que surgió por la crisis que azotó a nuestro país en 2001. Hay municipios que ya sufrieron embargados en sus cuentas por letrados que demandan pago de honorarios”, reveló.
“Esperamos encontrar un camino de solución, es nuestra intención primera, porque se trata de resguardar el buen funcionamiento de los municipios, que en muchos de los casos suscribieron convenios porque en la ley fue incluida esta cláusula”, acotó.
Otro de los Senadores que opinó fue el representante de Islas, Eduardo Melchiori (PJ), quien propuso que “así como muchos abogados de municipios desistieron de sus honorarios, podrían hacer lo mismo los letrados de la provincia”.
Añadió que “se llegó a la ley, muchos municipios desistieron de de los juicios para ingresar al plan de refinanciación, porque había un acuerdo y ahora creo que se ha violado aquél consenso, por eso son necesarios esfuerzos de todas las partes para hallar una salida que contemple el objetivo original”.
De los diputados
Por su parte el Diputado Provincial José Cáceres (PJ), manifestó después del encuentro con el ministro de Economía, Diego Valiero, que el traslado de costas a la provincia “cambia lo señalado en un código”. Deslizó que “la cuestión no es el monto de los honorarios, ya que en relación al presupuesto provincial no es significativo, sino que vemos el riesgo de modificar una norma de fondo”.
Apostó a “una solución consensuada”, la que podría alcanzarse en los próximos días.
