Pedemonte señaló que actualmente, en la provincia, rige un mecanismo obsoleto previsto en la una ley de 1953: “Las declaraciones juradas se presentan en sobre cerrado y lacrado. Sólo pueden ser abiertas en el caso de que la Justicia así lo disponga, en el marco de un proceso”.
A partir de la sanción de la ley, y con los requisitos que dispone la norma nacional, se podrá solicitar copia ante los organismos de aplicación que cada poder. En el caso del Ejecutivo será la Oficina Anticorrupción la encargada de dar respuestas a las solicitudes
“La publicidad de las declaraciones juradas hace a la prevención del delito”, aseveró Pedemonte para destacar el cambio que se impulsa. Descartó que sea posible acceder a la documentación por internet. En este sentido, aseguró que se adoptará el criterio previsto en la ley nacional: el trámite por escrito.
La Ley de Ética Pública es una norma pendiente en la provincia. En la Nación fue sancionada en 1999, obligando a los representantes de los tres poderes del Estado. Pero además, el decreto 150/03 que creó la Oficina Anticorrupción —en reemplazo de la desaparecida Fiscalía de Investigaciones Administrativas— prevé en su artículo 5º la sanción de un Código de Ética Pública.
El borrador de la norma incluye un código de ética a ser seguido por los funcionarios públicos. Esta es la idea de la Oficina Anticorrupción que convocará a una serie de actividades abiertas a fin de analizar el espíritu de la ley. En principio, se invitará al conjunto de organizaciones que se han inscripto para participar de la tarea del Consejo de la Magistratura. Se trata de algo más de 60 entidades que “ya han mostrado interés en temas como estos, aunque la convocatoria será abierta apenas retomemos la actividad normal”, señaló el funcionario.
