Unas 70 personas asistieron ayer al cine Berisso de Villaguay para participar de la audiencia convocada por el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y conducida por el titular de este organismo, Francisco Taibi. El objetivo era discutir la propuesta de aumento tarifario que efectuaron tres cooperativas –La Agrícola Regional de Crespo (LAR), El Quebracho de Viale y EL Supremo Entrerriano de Gobernador Echagüe– y que alcanzaría a los residentes rurales situados fuera de los ejidos municipales y de los manzanamientos de juntas de gobierno con un consumo menor a 20 kilowatt.
Las cooperativas plantean un cargo fijo y otro variable, en lugar del sistema actual que comprende tres niveles de cargo variable. En promedio, la suba reclamada es de 50 por ciento.
El próximo paso será el análisis de las exposiciones por parte del EPRE para posteriormente emitir el dictamen final. En general se observó un consenso acerca de la necesidad del incremento, aunque las objeciones estuvieron en la forma en que se pretende instrumentarlo.
El primer expositor fue el ingeniero Carlos Padula –en nombre de LAR y El Quebracho– quien dedicó una hora y media a detallar los argumentos del pedido de readecuación de tarifas. Sobre la base de gráficos y estadísticas demostró que en el campo existe una muy baja densidad de usuarios con relación al servicio urbano y mencionó que en el sector rural existen condiciones que generan mayores costos operativos y comerciales.
El gerente de LAR, Abel Sabotigh, advirtió que por la situación deficitaria y la imposibilidad de hacer inversiones “en algunos casos se da el deterioro del servicio: los postes ya tienen 30 años”.
En representación de El Quebracho, el abogado Esteban Quinodoz dijo que la tarifa actual “no es ni justa ni razonable”, como ordena la Ley Nº 8.916. “Ya que estamos en un cine y recién estaban pegando los afiches de Harry Potter, hay que decir que la verdadera magia es la que hicieron las cooperativas para sobrevivir. Pero la magia se esfumó”, expresó. Luego añadió que con el Decreto Nº 2.522, que otorgó un subsidio a las cooperativas como solución transitoria, el Ejecutivo provincial reconoció el retraso tarifario.
La Federación de Cooperativas exigió que las medidas que se adopten contribuyan al bienestar general, protejan a los más débiles y vulnerables y sean serias, equitativas y eficaces. Alfredo Bel, por la Federación Agraria Argentina (FAA) tras destacar el servicio que prestan las cooperativas, aseguró que el aumento debe ser menor al planteado. Además reclamó una drástica disminución de la carga impositiva y que la diferencia se destine a las cooperativas para compensar el déficit. “El sector agropecuario no está en condiciones de seguir haciendo más aportes. Una parte de lo que necesitan las cooperativas debe salir del Estado, que aporta muy poco”, señaló.
Idéntica posición tomó la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos. También la Unión Industrial de Entre Ríos objetó el nivel de los impuestos incluidos en las tarifas, aunque manifestó que el aumento es necesario.
El defensor oficial del usuario designado por el Colegio de Abogados, el villaguayense Juan Eugenio Giacomino, citó la defensa de los derechos del consumidor plasmada en preceptos constitucionales. “La propuesta afecta injustamente a los usuarios de menores recursos y vulnera el derecho al acceso al servicio eléctrico al mínimo costo razonable”, indicó.
El letrado reconoció el buen servicio de las cooperativas, pero se opuso a la forma en que se quiere aplicar el aumento. “No es justo que la situación deficitaria sea solventada a costa del usuario. Los más débiles subsidiarían a los más poderosos”, aseguró.
