La Escuela Pública sufre desde hace varios años un proceso de deterioro permanente producto en varios casos de falta de inversión y en otros ausencia del seguimiento y fiscalización de las obras en la construcción y arreglos de escuelas.
Esto sumado a los altísimos índices de pobreza, exclusión social, marginación, violencia creciente que se dan en el seno de nuestra sociedad, configuran un cuadro de crisis profunda en la educación que se traduce en la suspensión de días de clase por falta de agua, de mobiliarios, comenzar las obras en período escolar, por problemas de infraestructura, como se ha corroborado hoy en la Esc. N° 74 “J. J. Valle” y Esc. N° 71 “ Independencia”, como muchas otras.
Esto se agrava aún más cuando desde el gobierno, no tienen políticas educativas claras. La visita de los funcionarios y empresas contratadas a las escuelas no garantizan en ningún momento la solución, sumándole a esto la presión psicológica que sufren las compañeras docentes al recibir respuestas incoherentes y amenazas de sumarios, por defender la Escuela Pública, escuela que es nuestra, de todos, hasta de los hijos de muchos funcionarios y en donde teóricamente se “educaron”.
Exigimos a los funcionarios departamentales y provinciales que cumplan su función en post de la educación entrerriana, porque es evidente y demostrable que las condiciones educativas en que nos encontramos docentes y alumnos son deplorables. Por lo expuesto es que incitamos a los responsables directos a dar soluciones reales y no parciales que no resuelven la situación de fondo, complicando aún más la problemática socio-educativa.
Es responsabilidad del gobierno resolver la crisis educativa y garantizar el DERECHO SOCIAL a la Educación. Exigimos un aumento sustancial del presupuesto educativo que se traduzca en mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje, políticas socioeducativas para nuestros alumnos y aumento salarial para el sector, que lamentablemente es un salario que, en algunos casos no supera la línea de pobreza y en otros, apenas sobrepasa la línea de indigencia.
Hasta ahora todas han sido promesas y propagandas mediáticas pagadas por el pueblo, empleando sumas que, traducidas en hechos no requerirían de mayor publicidad.
Nosotros, como docentes, como padres y como ciudadanos de esta provincia, no dejaremos que destruyan la educación pública.
Firman como delegados: Vazquez, María Rosana DNI N° 16.988.831; Mazondo, María Fernanda DNI N° 17.552.859; Díaz, Alicia DNI N° 16.148.165; Hernández, Mónica H. DNI N° 18.594.763; Sciammarella, Ma. Del Carmen DNI N° 17.571.740; Mecca, Gustavo DNI N° 18.099.516; Stegbañer, Miguel E. DNI N° 21.491.683; Gutierrez, Gladys J. DNI N° 10.198.785; Grieco Julia A. DNI N° 14.687.648; Virgilio, Mariana A. DNI N° 22.660.167; Polastri, Liliana DNI N° 21.697.221; Marcone, Alejandro DNI N° 16.794.244; Candia, Ma. Mercedes DNI N° 11.352.843; Fracalossi, Liria F. DNI N° 20.248.549; Gerling, Mariela R. DNI N° 22.402.105; Díaz, Norma N. DNI N° 12.970.219; Echebeste, Horacio A. DNI N° 16.989.249; Alarcón Torres, Iris P. DNI N° 12.431.564; Moyano, Teresa C. DNI N° 13.198.461; Montenegro, Teresa C. DNI N° 20.391.292; Demvzuk, Teodoro Ramón DNI N° 14.307.080; Bard, Noelia DNI N° 22.925.330; Cerato Cristina, Sec. De Capacitación Sindical; Harispe Graciela, Sec. De Derechos Humanos; Patricia N. Fernández, Sec. Gremial AGMER Concordia.
