Las jefaturas departamentales, sobre todo en las localidades donde no hay unidades penales, se transformaron en cárceles alternativas. Allí son alojadas las personas imputadas de delitos, pero como no está finalizada la causa penal, que definirá la libertad o procesamiento, son retenidas en improvisadas celdas o calabozos.
Otro dato alarmante es que las jefaturas no sólo no están adaptadas en cuanto a seguridad para alojar internos, sino que tampoco cuentan con las provisiones de comida para alimentar a los detenidos y al mismo tiempo al personal de guardia.
Como no hay más presupuesto, las mismas raciones de comida que diariamente se hacen para los uniformados se comparte entre las personas detenidas. “Aunque no debería ser así, muchas veces los jefes de las comisarías deben decirle al personal que coman en sus casas, porque lo que hay, deben dárselo a los detenidos”, se indicó.
La preocupación es doble. Por un lado, por las condiciones en las que se encuentran esas personas, sino también la pérdida de la capacidad operativa de la fuerza policial en las comisarías, ya que el personal debe custodiar a los detenidos.
DE MAL EN PEOR. No hay planes concretos sobre el sistema penitenciario y hasta ahora, la construcción de nuevas unidades carcelarias se ha convertido en una aspiración de deseo para todas las administraciones gubernamentales desde 1983 a la fecha. Lo cierto, es que mientras el proyecto se siga dilatando, las condiciones en la que viven los internos, proporcionalmente, empeorará.
La mayoría de las cárceles en la provincia fueron construidas hace más de 100 años y lejos están de ser los lugares para resocializar a los reos, más bien, son depósitos de personas. El Estado está abiertamente violando los derechos constitucionales y poco se ha hecho al respecto.
En Concordia, por ejemplo, el edificio de la unidad penal número 6, está en pésimas condiciones. Hay problemas eléctricos, y según confesó una fuente a este medio “por milagro no se ha muerto nadie electrocutado”. El otro inconveniente que presenta el edificio, es el suministro de agua potable, no hay presión. Las cañerías están rotas o la bomba no funciona, por lo que a media mañana, los internos no tienen agua.
EL DETALLE. “Como lo hago todos los años, recorrí todas las unidades carcelarias de la provincia y la semana que viene estoy elevando el informe al Poder Ejecutivo. La situación, es preocupante, no sólo por la cantidad de presos que están alojados sino en las condiciones en las que viven”, confesó Carlín.
Como anticipo de lo que expresará en el informe, el vocal del STJ indicó que volverá a reiterar al Ejecutivo “la necesidad de la construcción de nuevas cárceles. Sé que se está trabajando en eso, pero como integrante del Poder Judicial no puedo cerrar la boca y no decir lo que está pasando”.
Más allá del informe escrito, la semana que pasó Carlín recibió en su despacho al director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Horacio Pascual, a quien le transmitió las inquietudes que recibió de los internos. Además, de las quejas por las condiciones edilicias, los internos también hicieron su planteo sobre la comida.
“Lo que comprobé es que en todas las cárceles, hay una buena cantidad de alimentos y de buena calidad, pero el problema se genera en la cocción y la preparación de la comida. Usan mercadería de primera pero, al preparar para una gran cantidad de internos, la comida queda cruda o quemada o prácticamente sin sabor”, comentó.
Es así, que Carlín sugirió al funcionario provincial que dicten cursos de capacitación para el personal de la cocina. “El problema no es que no sepan cocinar, saben, pero no para tantos comensales. Probé una tarta que les habían dado, con buena cantidad de jamón y queso, pero estaba quemada por fuera y cruda por dentro y eso muchas veces pasa al cocinar para tanta cantidad de personas”, relató Carlín.
