Miguel Barbará, presidente de Acler, dijo ayer que mantener vigente el convenio que venció en noviembre hasta febrero requiere que el Iosper acceda a modificar los valores de los aranceles. “Nosotros aceptamos la prórroga, pero a cambio propusimos un aumento a partir del 1º de enero, porque los valores permanecen sin actualizar desde hace un año y dos meses. Pedimos un aumento del 40 %, pero nos ofrecen un 10 %, que en la práctica se convierte en un 8%, porque el Iosper retiene un 2 % de gasto administrativo”, señaló.
Para las clínicas, la recomposición arancelaria que propone el Iosper “es inaceptable, ni siquiera podemos sentarnos a analizar esa oferta. Así quedamos el viernes 28, con la promesa de juntarnos el lunes 31. No pudo darse, así que esperamos reunirnos el 2, pero de repente todos los teléfonos se apagaron y nadie atiende en el Iosper. Así estamos. No tenemos comunicación por ninguna vía, y no vemos una solución en el corto plazo”.
En ese marco, Barbará dio cuenta de la “presión” que ejercen las clínicas para que Acler adopte una postura más drástica. “Ante semejante situación, creemos que vamos a darles autorización a los sanatorios para que traten a los pacientes del Iosper como particulares. Ya casi no tenemos posibilidades de discutir, porque hemos agotado todas las instancias. De todos modos, somos concientes que así se perjudica al afiliado”, subrayó.
Otra vez
El dirigente recordó que el pedido de aumento ya había sido anticipado al Iosper en octubre. El pedido de aumento del orden del 40 % que formula la Acler no es menor: los sanatorios representan para la obra social provincial un gasto mensual de entre 9,5 y los 10 millones de pesos, lo que llevaría esa erogación a los 14 millones.
Pero desde la obra social han dicho que todo aumento tiene un techo, y está representado por el presupuesto. En forma anual, el Iosper maneja una partida del orden de los 170 millones de pesos, de los cuales el 85 % va al pago de prestaciones médicas, y el 15 % restante se divide entre gastos operativos y pago de sueldos, que se lleva el 12 %, aun cuando por ley el organismo haya sido obligado a bajar sus costos al 12 %.
De todos modos, la conducción de la obra social, a cargo de Silvio Moreyra, ha planteado dos estrategias para incrementar los recursos de modo de hacer frente a los aumentos que piden los prestadores. Por un lado, pretende recuperar el 2 % de aporte de los jubilados que el Estado dejó de hacer en la década de 1990 por aplicación de la Ley de Emergencia. Y también evalúa aplicar una suba en los aportes que realizan los empleados públicas, una medida que ya generó el rechazo de los sindicatos que agrupan a los empleados públicos.
Pero al margen de las limitaciones presupuestarias de la obra social, las clínicas insisten con pedir aumentos. “Nuestros costos han subido -dijo Barbará- y el Iosper nos sigue pagando lo mismo. Tenemos la presión de los sanatorios que piden que tratemos a los pacientes Iosper como particulares. Todavía no hemos decidido nada, pero se puede llegar a eso”.
