En la tarde del jueves y durante toda la jornada del viernes, los representantes de las clínicas y las autoridades de la obra social entrerriana trataron de avanzar en la firma de un nuevo convenio. “Si bien estamos de acuerdo en varios temas formales del nuevo convenio, no estamos de acuerdo con la propuesta económica que nos han presentado”, señaló Barbará, para agregar: “Dialogamos sobre lo que será el nuevo convenio y cuando llegó el momento de discutir el tema de dinero, es decir, de los aranceles, no hubo acuerdo”.
Aseveró que “hay una propuesta y una contrapropuesta” y especificó: “Ellos nos proponen un aumento del 10 % y nosotros planteamos que el aumento ronde el 40 %”. En tal sentido, el médico manifestó: “No podemos aceptar una propuesta de este tipo porque ni siquiera nos cierran los números de los costos”, y reconoció que “la brecha es bastante importante”.
Cabe recordar que a fines de octubre venció el convenio que existía entre ambas entidades y se estableció una prórroga del mismo por 30 días. Ésta a su vez venció y se rubricó una nueva prórroga por treinta días más, que vence hoy.
En declaraciones realizadas a APF adelantó que hoy “se continuará discutiendo para ver si es posible arribar a un acuerdo. En estos días se harán las consultas correspondientes a los sanatorios y nos volveremos a encontrar con las autoridades del IOSPER”. “No estamos enemistados ni nada por el estilo. Sólo estamos negociando contra reloj”, añadió. Por último, el presidente de la Asociación de Clínicas no descartó la posibilidad de que se pueda firmar una nueva prórroga.
PAMI Concordia
Cuando Graciela Ocaña dirigía los destinos de la obra social de los jubilados y en Concordia la UGL estaba representada por Patricia Ledo, la lucha entre la corporación médica en general y la de clínicas en particular fue feroz, como nunca antes. Es que, quien tenía la obligación de defender el interés de los afiliados al PAMI, cumplía con ese mandato. Dejó los jirones, claro, como todos aquellos que se proponen defender de verdad el interés general y enfrentan a aquellos acostumbrados a “acordar siempre” con los responsables de las obras sociales sobre todo si son del Estado.
