La estrategia se extiende a los aportes patronales; en este caso mediante la tercerización de tareas. Se trata de las compañías agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y en su gemela, la Cámara de Exportadores de Cereales (CEC). En la práctica, una sola entidad con gran poder de lobby, que canaliza sumas millonarias mediante la liquidación de divisas derivadas del comercio exterior. Allí revistan Bunge, Cargill, LDC, Molinos Ríos de la Plata, Nidera, Noble, Vicentín, ADM y Aceitera General Deheza, entre otras. Un grupo selecto que mantiene estrechos vínculos comerciales e ideológicos con la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la poderosa y conservadora Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires (Carbap).
La economía concentrada. La decisión del Gobierno de ayudar a los pequeños productores trigueros mediante el pago del precio pleno del cereal a través de la Federación Industrial Molinera y la cooperativa Agricultores Federados Argentinos -vinculada a la Federación Agraria Argentina- puso en evidencia las verdaderas razones del lockout impulsado con fervor por la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. “Se hacen problema ahora, pero nada decían cuando las multinacionales capturaban enormes beneficios”, disparó Eduardo Buzzi.
La declaración, además de desnudar las diferencias en el seno de la Mesa de Enlace, señala con precisión la comunidad de intereses comerciales e ideológicos que existe entre los grandes productores, el complejo oleaginoso y los traders locales. “Intervenir en los mercados constituye una clara arbitrariedad y una distorsión de la actividad que contraviene los criterios de equidad y justicia”, sostuvieron en un comunicado las bolsas de cereales y comercio de Bahía Banca, Santa Fe, Rosario, Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba.
Apelando a la “mano invisible del mercado”, Mario Llambías no dudó en señalar que la decisión del Gobierno “genera distorsiones”. Una intervención que no duda en pedir cuando, como en el caso del conflicto de las aceiteras con sus tercerizados, amenaza con reducir, aunque sea en forma mínima, la tasa de ganancia de las compañías, que procesan 125 mil toneladas anuales de oleaginosas y embarcan el 80 por ciento de las exportaciones de granos.
Bajo sospecha. El grado de concentración que muestra la actividad aceitera es enorme. El 60 por ciento son grandes firmas que explican el 99 por ciento de la facturación del sector. Los datos del Indec señalan que durante 2010 vendieron al exterior por 4.500 millones de dólares. Las compañías son bien conocidas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). Sus registros indican que en 2009 declararon ventas por $32.000 millones; es decir: el 22% del total de la economía nacional. Sin embargo, sólo pagaron Ganancias por $243 millones, apenas el 0,6% del total de lo recaudado.
La situación, como mínimo sospechosa, determinó que la Afip denunciara ante la Justicia a directivos de Bunge, Cargill y Molinos Río de la Plata por el presunto delito de evasión fiscal. Hoy, las operaciones de estas empresas siguen bajo la lupa por las operaciones que realizan triangulando con firmas controladas desde zonas francas y paraísos fiscales. En el organismo recuerdan que las exportadoras registraron un descenso del 73,7 por ciento en el Impuesto a las Ganancias entre 2009 y 2008.
En el caso de las aceiteras, los pagos de Ganancias también cayeron. Lo hicieron desde los $301 millones en 2008 a los $243 millones en 2009. Según la Afip, el costo laboral anual del estas firmas representa apenas el tres por ciento de la facturación. En los hechos, la sobreexplotación laboral a la que someten a los tercerizados opera como un factor más en la apropiación del excedente, consigna Miradas al Sur.
Primos hermanos. El panorama de las aceiteras no difiere del que registran otros eslabones del negocio agropecuario. La devaluación y el tipo de cambio competitivo dispararon, también, una importante alza de la rentabilidad de los productores agrícolas. Como en el sector agroexportador, los grandes jugadores de la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales incrementaron sus márgenes por hectárea por encima de los niveles de la convertibilidad. La suba se expresó, además, en un aumento del valor de la tierra. Según Nicolás Arceo, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), en la zona núcleo de la región pampeana, el promedio por hectárea pasó de los 3.100 dólares durante la convertibilidad a casi 14.000 dólares en la actualidad.
En tal contexto, no es extraño que el conflicto sindical de los tercerizados y la decisión del Gobierno de intervenir en el mercado para ayudar a los pequeños productores trigueros disparara solidaridades entre los más poderosos eslabones del negocio agrícola. En definitiva, tanto los grandes productores como las agroexportadoras, saben que lo que está en juego es la distribución de la riqueza.
