Obviamente que no se pueden colocar cámaras en todos lados como antes también se objetaba el reclamo de ‘un policía en cada esquina’. Son medidas impracticables. “Se pusieron en las calles y avenidas principales de Concordia”, dijo el fiscal.
“Si me preguntas a mí, creo que se hizo por una cuestión de custodiar la zona más pudiente que por solucionar los casos penales”, señaló. “Nosotros sabemos cuáles son las zonas más calientes de Concordia y ahí tendría que haber cámaras”, recalcó. Por ejemplo, Núñez sostuvo que debería haber cámaras en la zona de la Comisaría 7º y en puntos específicos: barrios Gobernador Cresto y Fátima o en Boulevard Yuquerí.
“La mayoría de las cámaras se pusieron en la zona céntrica y semicentrica, alrededor del centro. Si te vas a la zona de la Comisaría 7º no sé si vas a encontrar una cámara. Si te vas a la 8º vas a encontrar cámaras en la mitad de la jurisdicción. En la otra mitad no. En la 4º lo mismo: la mitad sur sí, la mitad norte no”, dijo Núñez.
“La seguridad es algo que siempre podés mejorar. Si ponés 100 cámaras y me preguntas ¿Doscientos no sería mejor? Y por supuesto. ¿ Y 400 no sería mejor que 200? Y por supuesto. ¿Y 800 mejor que 400? Y por supuesto. Siempre se puede estar mejor. De por sí me parece valeroso que el municipio haya sacado plata de los contribuyentes para aportar cámaras para la Policía de la provincia. Me parece un gesto del municipio en pos de la seguridad. No se quedaron de brazos cruzados diciendo ‘eso le corresponden a la Provincia’ sino que aportaron ellos las cámaras. Me parece muy valorable”, destacó.
No obstante, aclaró que la Justicia no tiene participación en la colocación de las cámaras. La asignación de los recursos para adquirirlas y el lugar donde se colocan dependen del Ejecutivo provincial y del municipal. “No decidimos donde se ponen”, dijo Nuñez.
En la investigación del caso de Mariela Costen, la mujer que falleció como producto de un disparo durante un asalto a la madrugada en avenida Eva Perón, el aporte de las cámaras de seguridad fue muy valioso para dar con los dos presuntos autores del hecho quienes están detenidos. “A veces los testigos no quieren declarar o incluso son subjetivos. Te dicen que la moto era roja y después vimos por las cámaras que era negra. Las cámaras no mienten”, señaló.
Núñez explico que una filmación vale más que 1.000 palabras. “Si tenes una filmación de alguien cometiendo un hecho delictivo, ya tenés solucionado el caso”, dijo.
En el caso Costen, se relevaron 60 cámaras de seguridad. Aproximadamente tomaron imágenes de una decena de cámaras pertenecientes a la red de vigilancia del municipio que monitorea la policía. “Todo el resto fueron privadas”, dijo.
El fiscal destacó la colaboración de muchísima gente dado que se trata de un acto voluntario el entregar el registro de las imágenes a la Justicia. De cualquier forma, los fiscales pueden pedir al Juez de Garantías interviniente que se secuestre el material recabado si alguien se niega. Pero no hizo falta. “Los vecinos nos dejaron ingresar y aportaron las cámaras de sus casas, de sus comercios y aportaron las filmaciones”, sostuvo.
Los investigadores sabían que habían pasado por la plaza Urquiza pero no sabían por qué calle. Y cuando comenzaron a reconstruir el raid se encontraron con una negativa a ceder las imágenes: la inmobiliaria Palma ubicada en Urquiza y Estrada. “Fueron los únicos que no quisieron, pero como teníamos otras cámaras anteriores y posteriores de la misma cuadra, del drugstore ‘Selfie’ enfrente y de ‘La Segunda’ ahí a la vuelta lo dejamos ahí. Y no pasaron por ahí”, señaló. No obstante, Núñez quiso recalcar el hecho. “Me parece justo reconocer a la gente que colaboró y a la que no colaborar también. Sino parece que es lo mismo colaborar que no. Y no es lo mismo”, dijo.
Registro de cámaras
En mayo pasado, el concejal Alberto Zadoyko (PJ) presentó nuevamente un proyecto de ordenanza (ya lo había hecho en 2016) solicitando la creación, en el ámbito de la Subsecretaría de Seguridad de la Secretaría de Gobierno, del registro de sistemas de video vigilancia y/ o cámaras de seguridad privada que controlan espacios públicos.
De esa forma, se crearía una base de datos de las cámaras de vigilancias instaladas, para poder con esa información hacer uso de las imágenes o sonido ubicadas en lugares tales como calles, veredas, parques, paseos, etc., en casos de denuncias de hechos delictivos en la vía pública, lo que agilizaría los procesos de búsqueda y selección de datos.
“Se trata de contar con un elemento más que va a jugar a favor de la justicia principalmente”, dijo el edil. “Entendemos que es un avance y que en otros lugares ha prosperado iniciativas similares”, indicó el edil.
Hasta el momento, el proyecto no fue aprobado, solo un despacho donde se solicita una opinión de la Dirección de Prevención y Seguridad. “Me llamaron de la dirección de Prevención y Seguridad y nos reunimos con la Jefatura de Policía para evaluar el proyecto de ordenanza. Estaban de acuerdo y quedaron de devolver el expediente al Concejo Deliberante con un informe a favor para que se apruebe. Pero hasta el momento no regresó nada”, admitió.
Cámaras en boliches
En julio pasado, el intendente Enrique Cresto presentó un proyecto de ordenanza a los concejales que dispone la obligatoriedad de la colocación de cámaras de seguridad en el exterior y cercanías de “todos los locales destinados a establecimientos con variedades, establecimientos con música, establecimientos con música y/o baile y/o confiterías bailables, salones de fiestas, asociaciones, clubes, pistas de baile y similares que realicen reuniones, actos o espectáculos musicales masivos en espacios públicos y/o privados, cerrados o al aire libre”.
