LAS 20 VERDADES OCULTAS QUE CFK DESCUBRE
1.- El propio presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en fallos y escritos doctrinarios reconoció que la distribución de la obra pública la deciden los órganos políticos. En Santa Cruz se justificaba por su extensión y por el déficit de su red vial.
2.- Los proyectos de ley de presupuesto elaborados por el Poder Ejecutivo cumplieron con todos los controles legales y financieros y el Poder Ejecutivo jamás intervino en esa tarea.
3.- La sanción de esos presupuestos fue debatida a fondo en el Congreso.
4.- Hasta Margarita Stolbizer negó en el juicio que hubiera habido presiones sobre los legisladores para votar las leyes de presupuesto, y las mismas obras objetadas constaban en proyectos alternativos de la oposición, cuyos representantes las votaron sin cuestionamientos (entre ellos Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristian Ritondo, Gerardo Morales y Pablo Tonelli). Por eso los fiscales no ofrecieron sus testimonios.
5.- Cada vez que un DNU aumentó las partidas del presupuesto, lo hizo con carácter general, los servicios jurídicos controlaron su legalidad y el Congreso los validó.
6.- El fideicomiso con el que se financiaron algunas obras viales fue creado por Fernando De la Rúa precisamente para eso; su uso fue informado en cada proyecto de ley de presupuesto y validado por el Congreso.
7.- Ningún dictamen jurídico aconsejó que Cristina no firmara el Decreto N°54/2009, que además no asignó fondos a ninguna empresa en particular.
8.- Según la Constitución y las leyes, la ejecución del presupuesto es competencia exclusiva de la Jefatura de Gabinete; sus decisiones fueron de carácter general, que incluyeron al Poder Judicial; a veces aumentaron partidas y otras las disminuyeron, como ocurrió con las obras de Santa Cruz. Todos los ex Jefes de Gabinete declararon bajo juramento que jamás recibieron instrucciones de Néstor o Cristina para direccionar partidas presupuestarias hacia proyectos viales en Santa Cruz.
9.- Ni el Ministerio de Planificación ni la Dirección Nacional de Vialidad aumentaron ilegalmente las partidas correspondientes a las obras adjudicadas a las empresas de Lázaro Báez. Todos los testigos negaron interferencias desde la Presidencia de la Nación para que estas decisiones administrativas beneficiaran a Santa Cruz y menos a un empresario en particular, con partidas que a veces aumentaban y otras disminuían.
10,. Entre 2003 y 2015 todas las obras investigadas fueron informadas al Congreso, que aprobó los créditos presupuestarios para cada obra, cosa que la fiscalía ocultó.
11.- El Congreso de la Nación aprobó las Cuentas de Inversión, evaluadas previamente por la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, con el asesoramiento de la Auditoría General de la Nación. Esas Cuentas contienen un detalle exhaustivo de cada uno de los pagos que se efectúan con fondos públicos. La Fiscalía jamás solicitó ninguna medida de prueba que demostrara que algún legislador aprobara esas Cuentas de Inversión en contra de su voluntad.
12.- No es cierto que a finales de noviembre de 2015 CFK haya ordenado aumentar las partidas presupuestarias de las obras adjudicadas a Lázaro Báez para que le fuera pagada una suma superior a los 500 millones de pesos. Por el contrario, el Poder Ejecutivo redujo las partidas presupuestarias asignadas por el Congreso a Santa Cruz para obras viales; en esas fechas no se hizo ningún pago en favor de las empresas de Lázaro Báez, que contaban con una gran cantidad de certificados de obra impagos.
13.- El 30 de noviembre de 2015, cuando según la fiscalía, CFK se reunió en Santa Cruz con Báez para diseñar el “plan limpiar todo”, la Presidenta no estaba allí sino en Río Negro, donde realizó un acto público. El teléfono de José López, rastrillado en forma selectiva por la fiscalía, demostró la relación fluida que el ex secretario de obras públicas mantenía con Nicolás Caputo, no con Cristina.
14.- Jamás hubo sociedad alguna entre Báez y CFK, sólo contratos comerciales por los que se intercambian prestaciones recíprocas (por ejemplo pago del precio de un alquiler o la compra de un bien), y la Justicia ya determinó que esas relaciones no suponían ningún conflicto de intereses ni mucho menos un ilícito penal.
15.- La fiscalía se opuso a cualquier pregunta sobre su acusación de que CFK ordenó la adjudicación de obras a Báez en Santa Cruz. El Poder Ejecutivo no tiene competencia en la licitación, ejecución o pago de los proyectos viales investigados.
16.- Ninguna disposición constitucional, legal o reglamentaria impone a la Presidencia el deber de controlar los actos administrativos de la Dirección Nacional de Vialidad y menos de órganos provinciales. El ex Ministro Roberto Lavagna explicó que su denuncia sobre cartelización de la obra pública fue canalizada a través de la Comisión de Defensa de la Competencia, que Néstor Kirchner no debía intervenir en ese trámite, y redujo a “simple especulación periodística”, la supuesta relación entre esta denuncia y el pedido de renuncia que le efectuara Kirchner. El auditor general por el radicalismo Alejandro Nieva declaró que no le constaban sobreprecios ni discrecionalidad en favor de Báez.
17.- En todas las provincias la obra pública se concentra en empresarios locales, como declaró en el juicio Ángelo Calcaterra.
18.- Las preferencias para esos empresarios locales constan en las leyes de obra pública de muchas provincias, que las sancionan sin intervención del gobierno nacional y se reflejan en los pliegos licitatorios.
19.- La Fiscalía jamás pidió un estudio pericial que demostrara su acusación acerca de sobreprecios. A instancias de las defensas, el tribunal admitió que se peritaran sólo cinco de las 51 obras, elegidas según criterios fijados por los acusadores. Como perito de la fiscalía actuó el ingeniero Eloy Pablo Bona, responsable de posteos ofensivos para la familia Kirchner en las redes antisociales. Sólo él y el perito de la fiscalía avalaron la acusación, rechazada por la perita de la defensa, Adriana Alperovich.
20.- Báez no cobró por obras que no estuvieran terminadas y no tuvieran deficiencias constructivas. Las que quedaron inconclusas fue por decisión del gobierno de Maurizio Macrì.
