En el texto se indica la responsabilidad del Estado, en tanto empleador, sobre esa situación: “La desigualdad y violencia que sufren las mujeres también se revela cuando una trabajadora en situación de violencia de género tiene que recurrir a licencias por enfermedad o psiquiátricas para justificar su ausencia al lugar de trabajo. Así, se invisibiliza esta problemática, lo que en muchos casos dificulta el proceso de denuncia de las mujeres", alega.
Por eso se propone incorporar “la licencia laboral por violencia de género destinada a todas las trabajadoras dependientes de la administración pública provincial centralizada, descentralizada y entes autárquicos y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, que sean víctimas de violencia de género” para “garantizar derechos en el ámbito laboral para las trabajadoras del sector público provincial y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la Provincia que se encuentren en situación de violencia de género".
Indica Lara que en el país la provincia de Chubut fue pionera en el reconocimiento de este derecho laboral, aunque acotado sólo al personal docente, sirviendo de impulso para otras provincias, como Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Buenos Aires, entre otras quienes han presentado en sus respectivas Legislaturas diversos proyectos que instauran la licencia laboral por violencia de género.
El artículo 2º instituye en el ámbito de la Provincia la “licencia laboral por violencia de género” destinada a todos las trabajadoras dependientes de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada y entes autárquicos y docentes dependientes del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos, que sean víctimas de violencia de género.
En el 3° se establece que la licencia “será otorgada con goce de haberes y por un plazo máximo de veinte días corridos por año calendario – continuos o discontinuos -. Dicho término podrá extenderse por otro período igual con goce del 50% de los haberes”.
