“Como varios de los represores que actualmente están en juicio buscan esos artilugios para eludir la Justicia presentándose como inimputables”, indicó. No obstante, en el caso de Trimarco, en base a los estudios que se le realizaron antes del juicio oral de Paraná, “verdaderamente estaba con algunas complicaciones de salud”, acotó.
La abogada, que ahora presta servicios para la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, lamentó el paso de las décadas desde el momento en que se cometieron los delitos hasta su juzgamiento. Esa lentitud perjudica el avance de los procesos dado que afecta a los testigos, las víctimas y los represores. “En muchos casos están con padecimientos físicos, más allá de los casos que buscan eludir la Justicia, hay casos reales y algunos mueren, como murió Trimarco, completamente impunes”, señaló.
Trimarco estaba imputado en otras causas. “Lamentamos que pasen estas cosas, tener estas noticias. Personas que ocuparon las máximas jerarquías, los lugares más importantes dentro de la maquinaria represiva que funcionó en todo el país, mueran impunes”, indicó.
Además de los años en que gozaron de impunidad debido a la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Oberlin también apuntó a la lentitud de los procesos judiciales. “Empezaron hace ocho o nueve años a instruirse y pasaron todos estos años hasta llegar a juicio. Esto va en desmedro de las víctimas que están esperando justicia desde hace 35, 36 o 37 años”, declaró.
“Lamentablemente las defensas suelen hacer un uso abusivo de esas prerrogativas que tienen y en muchos casos encuentran la manera de dilatar principalmente en el momento de la llegada del juicio oral que es el momento donde se acerca la condena y la prueba en contra de los imputados es abrumadora”, acotó la abogada.