El concejal Marcos Wdowiak (Bloque Vecinal) dijo, al finalizar la sesión del último jueves, que están trabajando con la secretaría de Transportes de la Nación en la redacción de un convenio para darle jurisdicción al municipio. De esta manera, “todos los vehículos afectados al transporte público de pasajeros podrán serán revisados en una verificadora técnica habilitad por la Secretaría de Transporte de la Nación”.
No sólo entrarían todos los vehículos afectados al transporte público de pasajeros: colectivos y remisses. “Yo creo que esta verificación habría que extenderla también a los vehículos particulares porque en definitiva son objetos riesgosos. Tienen que estar en condiciones técnicas mínimas de seguridad para poder circular en la vía pública”, señaló.
Más adelante, profundizó su planteo. “Creo que hay dos cosas fundamentales con las cuales debería circular un vehículo en la ciudad de Concordia. Una es que esté debidamente verificado en sus partes técnicas y después que cuente con el seguro correspondiente”, reflexionó.
Si bien estamos en presencia de un etapa de transición entre la gestión que finaliza y la que asumirá en diciembre, el edil dijo que “hay posibilidades de sancionar” la obligación de la revisión técnica vehicular. “El mandato vence el 10 de diciembre. O sea que todavía hay el tiempo suficiente como para tratar esto y muchas otras cuestiones”, expresó.
De todas formas, reconoció lo incipiente de su planteo. “Este es un tema que yo recién lo he lanzado, será cuestión de conversarlo con los demás concejales y que se trate en comisión. Pero creo que sería un avance importante contar con una norma que obligue a la verificación vehicular a todos los automotores que circulen en la ciudad”, señaló.
Exigencia nacional
La Ley Nacional de Tránsito (Nº 24.449), en su capítulo II (Parque Usado) estableció la Revisión Técnica Obligatoria (art. 34º). “…Todos los vehículos automotores, acoplados y semirremolques destinados a circular por la vía pública están sujetos a la revisión técnica periódica a fin de determinar el estado de funcionamiento de las piezas y sistemas que hacen a su seguridad activa y pasiva y a la emisión de contaminantes. Las piezas y sistemas a examinar, la periodicidad de revisión, el procedimiento a emplear, el criterio de evaluación de resultados y el lugar donde se efectúe, son establecidos por la reglamentación y cumplimentados por la autoridad competente”.
Para ello, en el art. 35º., se establecieron los “talleres de reparación”. Estos deben ser habilitados por la autoridad local y debe contar con “la idoneidad y demás características reglamentarias, un director técnico responsable civil y penalmente de las reparaciones…”.
En el art. 29º se establecieron las “condiciones de seguridad”. “Los vehículos cumplirán las siguientes exigencias mínimas: 1. Sistema de frenado, permanente, seguro y eficaz. 2. Sistema de dirección de iguales características; 3. Sistema de suspensión, que atenúe los efectos de las irregularidades de la vía y contribuya a su adherencia y estabilidad; 4. Sistema de rodamiento con cubiertas neumáticas o de elasticidad equivalente, con las inscripciones reglamentarias; 5. Las cubiertas reconstruidas deben identificarse como tal y se usarán sólo en las posiciones reglamentarias”.
Además, en el art. siguiente, se señaló que los autos deben tener dispositivos mínimos de seguridad: “a) Correajes y cabezales normalizados, b) Paragolpes y guardabarros o carrocería que cumpla tales funciones. c) Sistema autónomo de limpieza, lavado y desempañado de parabrisas; d) Sistema retrovisor amplio, permanente y efectivo; e) Bocina de sonoridad reglamentada; f) Vidrios de seguridad o elementos transparentes similares, normalizados y con el grado de tonalidad adecuados….”.
Criterio recaudatorio
El Director de Tránsito de Concordia, Roberto Salvador, hubiese podido dar alguna certeza sobre la posibilidad de que el planteo de Wdowiak prospere dentro del Ejecutivo. Pero, el jueves pasado por la mañana, el encargado del control del tránsito en la ciudad señaló que estaba sin personal porque se habían ido fuera de la ciudad a un curso de capacitación. Por lo tanto, no podía atender a la prensa.
Esa misma mañana, un inspector de tránsito, parado en una de las esquinas donde se instalaron nuevos semáforos, controlaba que nadie distraídamente cruzase en rojo. Consultado sobre el control que deben ejercer sobre el parque automotor, exigiendo que ningún vehículo en condiciones deplorables circule, señaló que lo hacían permanentemente. “Recién le dije a uno que andaba con un nylon en la luneta que no podía circular así porque ese elemento obstaculiza la visión”, señaló mientras seguía con su mirada atentamente el tráfico. No obstante, es sabido que los controles de Tránsito sólo exigen carnet, seguro y tarjeta verde. “Tienen el mero criterio recaudatorio como objetivo”, señaló un concejal consultado al respecto.
Un antecedente olvidable
El ex-concejal Eduardo Miranda fue partícipe de las movilizaciones que impulsó en 1998 un grupo de vecinos que se opuso al intento del gobierno provincial de realizar la verificación técnica. “Comenzó a tomar cuerpo en la sociedad una especie de inquietud porque la cantidad a pagar no era menor. Eran $ 54, que eran U$S 54; en ese momento un trabajador ganaba $ 400”. Según Miranda, el problema se agudizaba porque iba a ver muchos vehículos que no iban a estar en condiciones de superar la primera revisión.
“Iban a tener que volver en una oportunidad o en varias oportunidades a medida que vayan reacomodando su unidad”, recordó. La segunda visita al taller costaba aproximadamente $ 24. “Yo acompañe a un vecino, una persona mayor, que estaba presuroso por encuadrarse porque siempre quieren estar dentro de la ley. Lo acompañe y observé la rigurosidad con que se llevaba adelante el trabajo. Muy pocos vehículos viejos iban a poder superar el control vehicular”, puntualizó el ex-edil.
La inquietud de la gente derivó en la constitución de una comisión en marzo del 98. Los integrantes de la asamblea realizaron una caravana que partió de la Plaza Urquiza, dio una vuelta por la ciudad y finalizó en la municipalidad. “Igual que lo que nosotros estábamos haciendo, se estaba produciendo en otras localidades, como el caso de Victoria. Todos coincidentes en que se trataba de una nueva estafa”, señaló.
Miranda sostuvo que todo finalizó cando el gobierno provincial decidió dar marcha atrás con la iniciativa. “Tuvo que indemnizar a los prestatarios del servicio, que era una empresa privada”, dijo Miranda. “Ahí hay un capítulo que debiera aclararlo la actual con concejal Mireya López Bernis”, agregó.
Es que el resarcimiento por lucro cesante que abonó el gobierno provincial a la empresa privada fue denunciado por la ex-FIA (Fiscalía de Investigaciones Administrativas) por un presunto sobreprecio. López Bernis fue la tasadora que le puso precio a los cuatro talleres que había en Entre Ríos (uno de ellos en el Parque Industrial de Concordia): $ 4.800.000. “La FIA hizo hincapié en que se trataba de una cantidad exagerada para lo que se había invertido”, señaló.
El ex-concejal reflexionó sobre el papel del Concejo Deliberante, que en esa época estaba integrado, entre otros, por el senador provincial Héctor Strassera; el ex-candidato a intendente por el Nuevo Espacio, Luis Jakimchuk; el titular de Sidecreer, Nelio Calza; y la fórmula que asumirá el 10 de diciembre la intendencia de Concordia este año: Gustavo Bordet y Alejandro Casañas. “No hicieron absolutamente nada por este tema. Todo fue una manifestación de ciudadanos de a pie. Éramos un grupo de cuatro o cinco ciudadanos”, señaló.
Miranda no dudó en que la revisión vehicular es necesaria porque “hay vehículos que no pueden estar transitando”. Pero la mención a los concejales no fue casual. “Creo que esto es una iniciativa del concejal Wdowiak. De llevar adelante esta cuestión, deberían aprender de la historia; la gente está dispuesta a aceptar algunas cuestiones pero no la estafa”, sostuvo el ex-concejal.
