La medida de fuerza contempla que los trabajadores concurran a las reparticiones pero prestarán ningún tipo de servicio. Excepto las urgencias como el servicio de ambulancias y los trabajos en la red de agua potable. “No podemos perjudicar a la comunidad”, expresó el dirigente gremial.
“Venimos desde hace un largo tiempo con idas y vueltas”, dijo Torres. El 28 de enero, el gremio entregó un petitorio que contenía diversas demandas: “blanqueo” de $ 100 que perciben “en negro” desde mayo de 2008, la suba de todos los contratos que están por debajo de $ 800 a esa cifra como piso (“es lamentable que tengamos contratados trabajando por $ 400”); un piso de $ 1200 a los empleados jornalizados y $ 1350 a los de planta permanente; y un 10 % de aumento o $ 150 no remunerativos que luego sean “blanqueados” de a $ 50 por mes.
El 25 de febrero, el Ejecutivo contestó que sólo podía “blanquear” los $ 100 otorgados el año pasado en dos veces: $ 50 en marzo y los restantes $ 50 en mayo. “Eso es lo único que nos contestó”, expresó Torres. Posteriormente, la respuesta se amplió hasta cubrir la demanda de los pisos para los contratos ($ 800), los jornalizados ($ 1200) y los empleados de planta ($ 1350). Pero quedó fuera la exigencia referida del 10 % de incremento o $ 150 en su defecto y ese punto generó la medida de fuerza.
“La crisis nosotros la entendemos pero lo que no entendemos y no vamos a permitir es que a los trabajadores siempre nos toque la peor parte. Tenemos que poner un poco de cada uno”, expresó Torres. El Ejecutivo mantiene la postura de no gastar más del 60 % del presupuesto municipal en salarios y preservarlo para gastos de funcionamiento. Pero el sindicalista pidió “flexibilidad” y sostuvo que en momentos de crisis se puede rebasar esa barrera. “Eso no quieren y nosotros no lo podemos entender”, indicó.
