El letrado explicó que “la obra social es una cosa y el sindicato es otra” aunque, en este caso, el secretario general es el presidente de la obra social. Y recalcó que la realidad de la obra social es la misma que la de la gran mayoría: está en crisis.La obra social Ospaf tiene como misión velar por la salud de los trabajadores citrícolas de la provincia de Entre Ríos y Corrientes. Si bien hay 20.000 trabajadores de la fruta en actividad, solo 1.700 registran aportes a la obra social. Eso implica que la gran mayoría están en la informalidad absoluta. De hecho, sostuvo que, de 15 empresas exportadoras, solo una cumple con las obligaciones laborales de sus trabajadores pero aportando menos días de los requeridos. El resto trabaja con empresas de servicios que acuden a un particular solicitándoles el DNI y anotándolos en la AFIP. Cuando el organismo detecta que no hicieron ningún aporte, la zafra está concluida. “Nosotros vamos atrás y cuando llegamos para decirle que tiene una deuda, no sabe ni quien es ni que tenía una empresa”, dijo. Conti remarcó que trabajan con el mercado exportador y no son del mercado interno donde hay 1.700 productores chicos, medianos y grandes.
Además, hay un porcentaje importante que están ‘en gris’. Eso significa que se les hace aportes por seis o siete días en el mes. Son trabajadores que están de alta en la AFIP. Y puede que, llegado el caso, soliciten a la obra social un estudio como una resonancia magnética, cuyo costo ronda entre $ 40.000 y $ 50.000. “La obra social funciona de manera solidaria: todos los trabajadores tendrían que aportar a una caja que financia las prestaciones no de todos porque no todos se enferman a la misma vez”, señaló al programa “Tarea Fina” (Radio Ciudadana-Fm 89.7).
Pero cuando un trabajador hace un reclamo con pocos días aportados, la obra social no puede cumplir porque no tiene los fondos. En consecuencia, el obrero acude a un juzgado federal donde presenta un recurso de amparo, el juez le ordena a la obra social que cumpla con lo demandado, la obra social no puede y se le impone una multa, el abogado reclama los honorarios y todo eso va generando una especie de bola de nieve financiera que complica las cuentas de la obra social. “Camejo viene denunciando esto hace un montón de años, pero no tiene las herramientas legales, más allá del sindicato, para ir hacer inspecciones. Puede denunciar públicamente, ir hasta la tranquera del campo, salir en los medios a dar nombre y apellido. Pero más de eso no puede hacer”, dijo.
El miércoles pasado, el director de la Cafesg, Eduardo Asueta, dijo a DIARIOJUNIO que sobre la obra social pesaba un importante embargo de la AFIP. En consecuencia, no cumple con las prestaciones a las que está obligada desde hace un tiempo considerable. “Existen irregularidades graves en la gestión de los recursos de la obra social que la justicia deberá investigar. Han fallecido personas por falta de cumplimiento de las prestaciones de la obra social de los trabajadores que hacen los aportes correspondientes», sentenció.
Conti dijo que hay un sector político con intenciones de ingresar al sindicato. “Lo ha manifestado un funcionario público en los últimos días con el cual vamos a iniciar acciones legales. Intentan desacreditar la figura de Camejo”, dijo. “Tienen intenciones claras de quedarse con el Sindicato”, mencionó.
La denuncia apunta a que se retiene los aportes a la obra social pero el dinero no ingresa a la cuenta oficial del sindicato que está embargada. Por ello, se desvían los fondos a la cuenta de una tercera persona sindicada por Camejo y el dinero nunca llega a la obra social. Pero el abogado explicó como ingresa el dinero de los aportes a la obra social. Cuando el empleador liquida los sueldos, envía los aportes a la Afip, entidad que transfiere automáticamente el dinero a una cuenta de la obra social. “Pueden investigar la trazabilidad. Que investigue el Juzgado pero no existe eso de que se hace el aporte con cheques, y si fuera sí, también el cheque tiene una trazabilidad. Es una estafa muy fácil de detectar”, indicó.
