Luego de dos reuniones, en las que el Comité provincial no logró cerrar los acuerdos para un cronograma de cara a las internas abiertas y simultáneas, el Tribunal Electoral y de Disciplina de la Unión Cívica Radical (UCR) tomó a su cargo la tarea.
Con los plazos vencidos, a ocho días para que expire el tiempo de presentar listas de precandidatos, el organismo partidario firmó la resolución por unanimidad, dictando un cronograma.
Más allá de los plazos —que terminarán por superponerse con el cronograma oficial— lo que estaba en juego, en términos de distribución de poder, era la integración de las minorías en las listas radicales. Es que, mientras las carta orgánica prevé mecanismos para el reparto de espacios entre quienes ganan y quienes pierden, la ley de internas abiertas y simultáneas (Nº 9659) barrió con las tradiciones de los partidos al disponer la regla que dice que “quien gana se lleva todo”. O al menos, eso se interpretó, por lo que la UCR acudió a la Justicia para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma, justamente por no contemplar a las minorías.
Con este dilema de fondo, hubo posiciones encontradas entre los distintos sectores internos. De un lado hay quienes consideran que mientras no haya un fallo judicial que la haga caer, la norma debe ser acatada. En esta posición se encolumnaron, entre otros, el precandidato a Gobernador, Gustavo Cusinatto; a intendente, Sergio Varisco; el diputado montielista Rubén Villaverde y el postulante a la conducción partidaria, Raymundo Kisser. Además, rubricaron un documento en este sentido otros referentes como José Carlos Largui y José Alvarez, entre otros, quienes, junto con Kisser, se constituyeron en un polo interno que rechazó enfáticamente, y antes que el resto de los sectores, las amañadas reglas de juego dispuestas por el Gobierno provincial.
Del otro, el precandidato a gobernador Arturo Vera —quien pidió la intervención del Tribunal Electoral— y el aspirante a la intendencia, Fabián Rogel, reclamaron un cronograma que acate la carta orgánica y no contradiga la posición puesta de manifiesto en la Justicia.
La decisión del Tribunal, al ajustarse a lo establecido por la Carta Orgánica de la UCR, no sólo pone a salvo la representación de las minorías. Además, conlleva otras definiciones como, por ejemplo, el modo en que se ordena la lista de diputados provinciales.
La tradición radical, en este sentido, establece que los primeros cinco lugares se conforman en un distrito único y uno de esos puestos es para la minoría. A partir del sexto candidato, se establece una jerarquía que privilegia la representación departamental y que tiene en cuenta la elección que la UCR realizó en cada una de las jurisdicciones, en los comicios inmediatamente anteriores. Así, el sexto, séptimo y octavo lugar correspondería a los departamentos del norte de la provincia y si se hila más fino, se sabe que, concretamente, el sexto lugar sería para Federal, justamente el rincón de la provincia hegemonizado por la Renovación, que lidera Arturo Vera. La ley cuestionada, en cambio, echa por tierra con esta disposición del estatuto radical.
Otra cláusula que seguirá siendo operativa es la que establece un requisito insoslayable para quienes aspiran a un nuevo mandato en bancas de concejos deliberantes, en la legislatura o el congreso: superar, en la interna, el 66 % de los votos.
La resolución fue adoptada por el Tribunal, con la rúbrica de Juan Izaguirre, Griselda Bellman, Silvano Santander y Cristina Miranda. No pudo estar presente en la reunión el quinto integrante del organismo, el dirigente de La Paz, Luis García Guiffré.
El dirigente radical y abogado constitucionalista, Jorge D‘Agostino, consideró acertada la decisión del Tribunal. Observó que la ley de internas abiertas “es inconstitucional pero no respecto de la distribución de las bancas” y recordó que la propia ley “habla del respeto a las minorías”.
