Texto completo del documento del Congreso Provincial de la UCR
En Entre Ríos no hay nada que plebiscitar
Viene el Comité de la provincia de la Unión Cívica Radical a expresar su análisis y posición de la realidad provincial y nacional como un aporte al debate que deberán realizar nuestros congresales el próximo 25 de junio en la ciudad de Diamante, conscientes de nuestra responsabilidad histórica por la cual estamos convencidos de que no somos un partido de circunstancias y que hemos dejado desde 1914 a la fecha una impronta palmaria, clara y concreta en el bienestar del pueblo entrerriano.
Las grandes obras que marcaron y siguen marcando el desarrollo y bienestar de la provincia respaldan nuestras afirmaciones: la Constitución de 1933, la primera que garantizó en el país la estabilidad del empleado público y estableció el recurso de amparo; el Banco de Entre Ríos; la Ley de Colonización y Transformación Agraria; la obra del gas; la Universidad de Entre Ríos; el Túnel Subfluvial; la Facultad de Bioingeniería, son una somera muestra de lo hecho por el Radicalismo en el largo camino hacia el bienestar del pueblo, y el compromiso histórico por el cual debemos responder.
Asimismo, somos conscientes de que venimos de dos gobiernos nacionales y provinciales en los cuales no pudimos resolver la crisis heredada del menemismo. Este reconocimiento parte de un elemental sentido democrático que debe primar a la hora de realizar un proceso de autocrítica que todo partido debe afrontar si es que pretende reencontrarse honradamente con el favor del voto con el que tantas veces el pueblo entrerriano nos honró.
Un año y medio de administración, Un año y medio sin transformación
Desde el conjunto de los estamentos políticos-partidarios y desde la expresión de todos nuestros congresales, que no sólo cubren toda la geografía de la provincia, sino que además representan a los maestros, estudiantes, jóvenes, obreros, comerciantes, productores, describimos la realidad provincial, encabezada por el gobierno de Jorge Busti al cual definimos como un gobierno mediocre, incapaz de superarse a sí mismo y dar el salto cualitativo que todo hombre público debe dar, toda vez que gobierna esta provincia no por primera, sino por tercera vez.
El permanente discurso del gobernador Busti de contentarse con pagar los sueldos y jubilaciones al día, con que comiencen las clases y con que haya algunos elementos primarios en los hospitales, marcan el nivel lamentable de expectativas que el propio gobierno se puso desde que asumió y al cual nos quiere someter.
Algunas de las acciones de gobierno que nos criticaron, que en algunos casos hemos reconocido como errores, este gobierno las ha reiterado, como son la implementación del Decreto 218 que provocó que más de 4.000 personas quedaran fuera de la administración pública por el mero hecho de haber ingresado en una gestión radical y a los efectos de ser reemplazados por militantes justicialistas.
Los intentos de derogar la Escuela Intermedia o de frenar la consolidación del proyecto de la UADER (Universidad Autónoma de Entre Ríos) fueron también actitudes que creíamos superadas, puesto que más allá de quién realice las acciones, constituye un sangría económica y social el hecho de dejar de lado la obra de otro gobierno por el solo motivo de haber pertenecido a un signo político distinto. Asimismo, se ha vuelto a insistir con el modelo privatizador, con el intento de privatizar el juego frenado por el radicalismo, la instalación de peajes en todas las rutas entrerrianas, o la nueva entrega del Frigorífico de Santa Elena a Tasselli, el símbolo más evidente del empresariado menemista y responsable de las muertes de la mina de Río Turbio. También, se insiste con las políticas clientelistas en materia de acción social o aparecen deformaciones públicas transformadas en negocios privados, como fue el nueve por ciento de los apremios fiscales que se les ha cobrado a los contribuyentes que habían caído en mora con la Dirección General de Rentas (DGR).
A estos desaciertos y repeticiones de errores de anteriores gobiernos justicialistas se les suman los que consideramos el inexistente proyecto de transformación de la provincia. Decimos esto toda vez que se continuó con los procesos de seguimiento de las políticas nacionales, como fueron la aprobación del Financiamiento Ordenado para dar el cumplimiento del pago irrestricto de la deuda externa, el Régimen de Consolidación de la Deuda con el Estado Nacional y la Ley de Responsabilidad Fiscal, prosiguiendo de esta manera con la brutal transferencia de recursos producidos en la provincia hacia el Estado Nacional. No se reclama una Ley de Coparticipación Federal que garantice la autonomía provincial y se pretende aprobar una ley de coparticipación del impuesto sobre los ingresos brutos a los municipios a fin de otorgarles un aumento insignificante y mantenerlos sumisos al gobierno provincial. O intentos que desnudamos y denunciamos, como la posibilidad de terminar con el sistema del 82 por ciento móvil en la provincia para adecuarlo al régimen nacional de reparto, lo que implica, claro está, un aumento de la edad jubilatoria y disminución de los haberes.
De igual manera, duermen en el Senado proyectos que el bloque de diputados radicales logró su media sanción para definir la tenencia de la tierra en la provincia; es incierta la solución final que el gobierno le dará a la empresa de energía, cuyo negocio consistió en privatizarla cuando daba ganancias y estatizarlas ahora que hay grupos que reclaman deudas fraudulentas cercana a los 1.800 millones de pesos y un aumento de la tarifa eléctrica que vendrá después de las elecciones de octubre.
En igual sentido, y más allá de haberse normalizado la deuda del Estado provincial con el IOSPER (Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos), hay 220.000 entrerrianos que siguen con una pésima atención en la cobertura, con una intervención que tiene como único fin cubrir los manejos que se han hecho en la obra social frente a la falta de acción de los organismos de contralor del Estado. Llegando esta semana inclusive a votarse en la Cámara de Diputados, una nueva prórroga de la intervención disfrazada de consulta a los afiliados.
La Ley de Pesca o la solución a los deudores hipotecarios tal cual lo ha planteado el radicalismo mediante un proyecto de ley que modifica el artículo 552 bis del Código Civil y Comercial de la provincia; o el Régimen Jurídico Básico para los Empleados Públicos que duerme en el Senado -y que nada tiene que ver con el proyecto que solicitaron los trabajadores-, son temas en los cuales el gobierno tampoco ha querido avanzar. Pero tal vez, el caso más paradigmático de falta de compromiso para con un proyecto de transformación profunda sea el no haber insistido el gobierno provincial para que el Banco de Entre Ríos, al menos, siguiera en manos del Banco Nación y no volviera a ser sometido a un proceso de privatización, por supuesto con la total complicidad del progresista gobierno de (Néstor) Kirchner
De estas decisiones de gobierno, tomadas y de las que no se han querido tomar, surge claramente que no ha existido en este primer año ninguna voluntad de avanzar en un proceso de modificación de los problemas de fondo de la provincia, que no haya sido la mera administración, que en este modelo de dependencia que el Presidente Kirchner tampoco se ha animado a cambiar, termina siendo en Entre Ríos, administración de la pobreza.
En esta provincia donde está la ciudad de Concordia, que ostenta el penoso record nacional de indigencia, esta administración de la pobreza, ni siquiera es tal, puesto que el bochornoso y triste hecho ocurrido con los alimentos vencidos, algunos entregados y otros lisa y llanamente quemados, la permanencia de la ministro (de Salud y Acción Social, Graciela Degani) en su cargo y la designación de alguien ajeno al justicialismo para que maneje los programas de ayuda directa son la muestra más acabada que han perdido hasta la más mínima sensibilidad social que se debe tener para estar al frente de las políticas públicas.
A esta descripción sobre los aspectos económicos, sociales y educativos, debe sumársele algunos peligrosos avances institucionales que han vuelto generar la desconfianza, toda vez que buscando argumentos jurídicos formales, se violentó la voluntad popular, como en los casos de Hasenkamp y Conscripto Bernardi.
Reivindicamos, frente a la actitud de Nuevo Espacio, que simplemente ha sido una expresión propagandística y circunstancial, la agenda que la Unión Cívica Radical llevara al diálogo político como una idea aproximada de los temas que realmente le preocupan al pueblo y que el radicalismo tiene como prioridad en la discusión con este gobierno.
El conflicto docente, que el justicialismo tanta veces alentó cuando ejercía el rol de oposición, y toda la política educativa en general, han demostrado que en esta materia no sólo no hay una voluntad de direccionar el gasto en el proyecto educativo público sino que no han tenido la capacidad de establecer un parámetro nacional en materia salarial único que indique a los argentinos, y particularmente a los entrerrianos, que el peronismo tiene vocación de refundar la Nación y la provincia sobre la base del modelo de educación pública. En ese marco, se ha llegado a apelar inclusive al control y la persecución frente a las acciones gremiales que la docencia ha realizado y se aprobó una ley de paritarias docentes cuyo responsable de aplicación será el director de Trabajo y se dejó de lado la propuesta radical del Instituto de la Paritaria, que fue avalada por los gremios. Ante estos problemas y el vació total de proyecto pedagógico solicitamos la aprobación del proyecto de Ley presentado por el bloque de diputados radicales creando un Congreso Educativo Provincial que con la participación de todos tenga sustento y perdurabilidad. No han cumplimentado siquiera en un 50 por ciento la refacción de los establecimientos educativos faltando a la promesa grandilocuente de Busti de finalizarlas en marzo de 2004 contando con ley y presupuesto aprobados, pero como podemos esperar aulas si ni boletines de calificaciones tienen las escuelas.
Recientemente, el radicalismo a través del bloque de diputados impulsó un nuevo Código y una nueva Ley Tributaria que contenía el concepto de que paguen más quienes más ganan, estableciendo un criterio de mayor equidad en la presión tributaria. Finalmente, el peronismo terminó aprobando un impuestazo donde pagarán más los sectores asalariados y los sectores medios de la producción entrerriana, con un aumento en los Impuestos a los Sellos, Ingresos Brutos, Marcas, Señales, Guías, Impuesto Automotor e Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural.
El panorama descrito no hace más que consolidar la idea de una sola opción electoral en la provincia, que garantice la corrección de estos errores, pero fundamentalmente, que después de las elecciones generales el justicialismo no pueda avanzar con la privatización del juego, los peajes, el aumento de tarifa eléctrica y todo lo que hasta el momento se ha logrado detener.
El 23 de octubre se eligen diputados nacionales. El presidente Kirchner, sin ponerse colorado y avanzando sobre las más elementales formas de respeto a la elección de poderes y al sistema republicano, pide a gritos en las tribunas que le “voten diputados que no lo condicionen”. El Nuevo Espacio, que a la luz está que no pudo consolidarse como una opción electoral ni ofrecer nada nuevo, llevará en sus listas diputados kirchneristas, tal cual lo han hecho público sus dirigentes, o sea diputados que van a engrosar el bloque peronista, que a su vez van a ir a levantar la mano para defender, no los intereses de Entre Ríos, sino seguir consolidando la fenomenal concentración política y económica en las manos del Presidente, en detrimento del conjunto de las provincias argentinas.
Por ello, el 23 de octubre habrá dos boletas, dos opciones: una, la del oficialismo que gobierna y la otra la de la oposición, que debe ser contundente, clara y que deberá llevar diputados nacionales que defiendan los intereses de los entrerrianos. Esa opción es la Unión Cívica Radical.
La República Argentina y la provincia de Entre Ríos necesitan de equilibrios democráticos, de partidos de gobierno y de oposición, oposición que no puede ser parte integrante del mismo partido que gobierna, como es el caso del Nuevo Espacio, sino que debe tener identidad propia, historia y no ser un partido de circunstancias. La alternancia en el gobierno es una de las características también esenciales que le dan movilidad y expectativa al sistema. La idea del partido único que pretende instalar el peronismo, desde el Presidente de la Nación hacia abajo, con una oposición dispersa y dividida, no es la forma de gobierno en la que le haya ido bien a la República o a la provincia.
El peronismo a través de Busti, volvió para ser más de lo mismo y para profundizar las desigualdades existentes en la provincia, es el radicalismo el que tiene el balance histórico a su favor, para lograr que la decadencia iniciada desde 1987 en Entre Ríos se termine y ensayar un modelo de desarrollo económico y social que la vuelva a colocar en el lugar que tuvo en el concierto de las demás hermanas provincias de la República Argentina.
