La UCR formalizó el pedido de juicio político a Pañeda

La decisión adoptada obedece a la necesidad de denunciar el accionar que consistió, fundamentalmente, en determinar que la Junta Electoral Nacional que integra, con la disidencia de Gustavo Zonis, desconociera y tornara de imposible cumplimiento la resolución de la Cámara Nacional Electoral, máxima autoridad electoral del país, por la que se habilitaba la oficialización de las boletas del Frente Progresista Cívico y Social.
De esta manera, la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos violentó disposiciones expresas de la legislación electoral vigente y configuró un cuadro de notable confusión y desconcierto en la ciudadanía a pocas horas del comicio.
“La Cámara Nacional Electoral, dos días después de las elecciones, consumada la irregularidad que denunciamos, nos dio la razón: en los considerandos del fallo 4737 de la CNE, se sostiene que “el Tribunal no puede pasar por alto que la Junta Electoral Nacional de Entre Ríos se apartó sin fundamento de la jurisprudencia claramente aplicable al caso”, que “faltando pocos días de los comicios no corresponde asignarle efectos suspensivos a la interposición del recurso extraordinario” y que “lo sentenciado por la Cámara mediante Fallos CNE 4702/11 se tornó de imposible cumplimiento por la negativa de la Junta Electoral a ajustar su actuación a lo que allí se dispuso, sin dar razones para apartarse de la jurisprudencia reseñada”.
Considerandos que fundamentaron que la Cámara Nacional Electoral resuelva llamar la atención a la Junta Electoral de Entre Ríos, más allá de declarar que “carece de interés jurídico pronunciarse en la presente causa”, por haber ya transcurrido las elecciones, con el daño irreparable consumado por el ilegal accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos.
Como resultado del accionar de la Junta Electoral Nacional Distrito Entre Ríos, se votó el pasado 23 de Octubre en un escenario manifiestamente irregular, lo que adquiere una enorme gravedad institucional.
“La decisión de impulsar el juicio político no pretende en absoluto constituir la explicación central del resultado electoral, del que nos hacemos cargo, ni afectar la legitimidad de los gobernantes electos. Sin embargo, es nuestra obligación política y moral denunciar la conducta de las magistradas cuestionadas; no hacerlo constituiría una falta grave de nuestra parte, y nos haría de alguna manera cómplices de una intolerable irregularidad”, se señala en otro párrafo.
“Nuestra historia de 120 años de compromiso con la democracia republicana nos obliga indefectiblemente a adoptar esta resolución, en defensa de la independencia del Poder Judicial y la limpieza del proceso electoral como expresión transparente de la voluntad popular”.
“La Unión Cívica Radical, como partido político respetuoso de las leyes y defensor a ultranza de las instituciones republicanas, procurará por todos los medios a su alcance que se haga justicia y que irregularidades como las que se dieron en este proceso electoral no se repitan nunca más”.