“Para el gobierno, desde el ministro de Justicia de la Nación hasta los gobernadores de provincia e intendentes municipales, se trató de un “amotinamiento”. El ministro de Gobierno de Entre Ríos declaró que el mismo fue “concomitante, y coordinado [con los saqueos]; tenemos filmaciones de la gente que actuó”, atribuyó la situación a “50 o 60 personas, que no son justamente el orgullo de la fuerza”, enmarcó los hechos “dentro del delito de sedición, no excarcelable” y acusó a los integrantes de la Asociación del Personal Policial de instigar a la violencia”, señalaron desde el Comité.
“Es en extremo preocupante que el organismo al que por la Constitución y las leyes se le confía el uso de la fuerza pública y se le provee de armas y autoridad para asegurar el acatamiento a las normas de convivencia y seguridad ciudadana, esté acusado de promover la sedición y el saqueo en perjuicio de la población a la que tiene la alta misión de proteger. Es de esperar que las pruebas que se declara tener sean presentadas a la Justicia, para que los responsables sean juzgados como corresponde”, indicaron.
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2013, en la Argentina el 70 % de las personas descreen de los servicios de seguridad. En 2004, un Eugenio Zaffaroni recién designado juez de la Corte Suprema de Justicia, decía que “La policía es corrupta porque el poder político siempre se lo permitió”. Estas afirmaciones interpelan profundamente a la política de seguridad, que hasta el momento no ha dado respuesta adecuada a una demanda que encabeza la lista de preocupaciones de la sociedad argentina.
“Dado los acontecimientos de días antes en Córdoba, Mendoza y otras provincias, era factible que la protesta se extendiera también a Entre Ríos. Matutinos del domingo 9 mencionaban la inquietud existente en la Provincia y a pesar de ello no se adoptó ninguna medida de prevención”, señalaron.
“El discurso oficial habla de “amotinamiento”, de “extorsión” y de “intentos de desestabilización”, sin reconocer que el disparador de las protestas fueron los bajísimos salarios. En Entre Ríos, la retribución inicial de un agente llegaba –negro incluido- apenas a los $ 3.000 mensuales, y el presupuesto provincial 2014, que el bloque de diputados radicales rechazó en pleno (en senadores la UCR no tiene ningún representante), no contemplaba ningún incremento, ni siquiera para compensar el deterioro por la inflación.”, indicaron desde la UCR local.
“Los sucesos de Concordia, como los del resto del país, no se explican sólo porque la ciudad haya quedado a merced de bandas delictivas por la ausencia policial, pues al proceder vandálico se sumaron muchos otros que aprovecharon la ocasión para hacerse de bienes ajenos, en una actitud que refleja una profunda degradación moral y una gran descomposición de nuestra sociedad”, explicaron.
“Celebramos el “operativo rescate” implementado para recuperar los elementos saqueados y la decisión del gobierno de resarcir a los comerciantes damnificados, y aguardamos que de aquí en más, las autoridades tomen las medidas necesarias al mantenimiento de la seguridad y de la paz social. Es también una realidad que los altos niveles de pobreza, marginalidad y desempleo, con sus secuelas de hambre, desigualdad y falta de horizonte de mucha gente, generan tensiones sociales y son una forma de violencia que suele acarrear más violencia”.
“En las circunstancias actuales, un ordenamiento de las variables macroeconómicas que tienda a controlar la inflación y a facilitar el crecimiento económico, es un paso previo fundamental para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva, que reconstituya el entramado social que otrora supo tener la Argentina y que hoy, en un contexto mundial favorable, como el que hacía varias décadas el país no tenía, con políticas adecuadas, está en condiciones de recuperar”, dijeron por último desde la UCR
