“Tal es así que el proyecto contó con la firma de 11 diputados de diversos bloques. Debe reconocerse y valorarse la iniciativa del entonces diputado Jorge Kerz, que propuso crear a través de un proyecto de resolución una comisión especial, abocada exclusivamente a la redacción de este proyecto. Creada la comisión, se inició un mecanismo de consultas que incluyó a dependencias del Poder Ejecutivo, entidades académicas y científicas, organizaciones de la sociedad civil, etc.. Se fueron entonces receptando inquietudes y aportes, no sólo en Paraná sino en una serie de foros que se realizaron en muchos departamentos de la provincia. Como resultado de las colaboraciones recibidas, de las opiniones recabadas, y de los aportes de especialistas de renombre en la materia, se fue modificando sustancialmente la redacción original, comprobando de esta manera el potencial de la participación ciudadana tanto en términos de legitimación social como de calidad técnica y normativa, dice Artusi.
Es lamentable que a 4 años de la sanción de la Constitución reformada, no se hayan reglamentado prácticamente ninguno de los muchos nuevos derechos y principios que se incorporaron en materia ambiental, tales como el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a una vivienda digna; ni los nuevos instrumentos programáticos: la evaluación ambiental estratégica, el ordenamiento territorial, los indicadores de sustentabilidad, el libre acceso a la información, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, la educación ambiental, la creación de un fondo de recomposición ambiental, etc..
Mientras los senadores toman esta injustificada decisión, los problemas ambientales de todo tipo siguen agravándose en Entre Ríos, ante la inoperancia del gobierno para avanzar en su solución. Contaminación de los cursos de agua, falta de tratamiento adecuado de efluentes cloacales e industriales, basurales a cielo abierto, combustión de residuos y la consiguiente contaminación del aire, etc.. son algunos de los problemas que los entrerrianos sufren a diario, sobre todo los sectores más desposeídos y vulnerables de la población. Una ley general del ambiente no solucionaría de la noche a la mañana estos problemas como por arte de magia, pero sería un importante avance en pos de reglamentar el mandato constitucional y dotar al Poder Ejecutivo y a los municipios de herramientas de gestión que permitan ir avanzando gradualmente en mejores condiciones del hábitat para todos los entrerrianos. Lamentablemente, parece ser que el principal problema para avanzar en este sentido es la falta de voluntad política del oficialismo”.
