La nota firmada por Manuel Luís Gallegos, presidente del Comité Departamental, prosigue expresando: ”Como es de conocimiento público, las boletas llegaron con aumentos de hasta un 50 por ciento respecto a 2010 y del 100 por ciento con relación a 2009. Es así, porque ajustes similares habían operado ya en el segundo semestre del año pasado sobre el precedente 2009.
Para el ministro de Economía Diego Vagliero, “la última actualización de valores data de 2005”.
Sin embargo, los incrementos que por otras vías se vienen efectuando año a año sobre este impuesto, ubican su suba por encima de los índices de precios estimados por consultoras privadas, que es mucho más elevada si la comparación se realiza según los índices oficiales.
Los aumentos inciden también sobre los alquileres de vivienda y comerciales, porque su costo habitualmente se traslada al inquilino. La mayor presión tributaria afecta a todos los sectores sociales, más allá de que “el incremento no es lineal porque es de acuerdo a la categoría y antigüedad de la casa”, de que haya “seis categorías” y que sea “una cuestión catastral”, como señala el director de Rentas de la provincia, Guillermo Linesky.
Como expresara un reciente comunicado del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR “Asistimos a un incremento notorio del gasto, del déficit y del endeudamiento público, sin que ello se trasunte en una mejora de la eficiencia y la eficacia del funcionamiento del Estado, en más y mejores servicios de salud, educación, vivienda, seguridad y justicia para los entrerrianos” no siendo el gasto “la expresión financiera de un verdadero plan estratégico de desarrollo sostenible tendiente a aprovechar las extraordinarias condiciones macroeconómicas que el mundo ofrece a nuestro país y a nuestra provincia”.
Dentro de las ineficiencias del Estado, está la evasión fiscal y las inequidades que se dan en este y otros tributos. Los aumentos caen inexorablemente en cabeza de quienes cumplen, en tanto que son muchos los que no pagan en medio de la pasividad oficial, sin que el gobierno provincial adopte la decisión política de exigir el cobro a todos los contribuyentes. Esta situación constituye de por sí una injusticia, al tiempo que el traslado de más recursos hacia un Estado que los canaliza principalmente en gastos improductivos, no favorece de ninguna manera el desarrollo provincial. Al respecto, el comunicado del Bloque de Diputados radicales señalaba que “En los últimos años se verifica una constante y sistemática subejecución de los gastos de capital, acompañada de una sobreejecución de los gastos corrientes. En 2009 sólo se ejecutó el 51 % de los gastos de capital, y el 46 % del rubro construcciones. De la ejecución del presupuesto 2010 al 30 de septiembre de 2010, se proyecta una ejecución de sólo el 22 % para este rubro en el año en curso”.
Tal como se desprende de varias manifestaciones gubernamentales, el aumento de este impuesto habrá de continuar, no solo en Entre Ríos, sino también en otras provincias (en Buenos Aires, las subas llegan al 274 %), siendo ello una clara demostración de que los ingresos fiscales provenientes del espectacular incremento de las exportaciones y de la consecuente recuperación de la economía, se vuelcan mayoritariamente en gastos improductivos en desmedro de inversiones en infraestructura, debilitando con ello las posibilidades de un crecimiento acorde a las potencialidades del país y de la provincia”.
