Los subsidios económicos demandarán este año 301.256 millones de pesos y el año próximo 312.391 millones. En términos nominales los desembolsos crecerán un 4 por ciento, pero la quita real será significativa debido a la inflación de 25 por ciento proyectada para el año próximo que devalúa el poder de compra de esos pesos. De hecho, si en 2019 los subsidios económicos continuaran representando el 2,2 por ciento del PBI las erogaciones tendrían que trepar a 405.240 millones de pesos, pero subirán apenas a 312.391 millones, unos 93.000 millones menos. Por lo tanto, la pérdida en términos reales será del 23 por ciento.
Dujovne adelantó que esa reducción la lograrán en parte gracias a la suba de tarifas de luz y gas que vienen aplicando regularmente, a la que calificó como “normalización”, pero también traspasando responsabilidades a las provincias, como hacerse cargo de los costos hasta ahora subsidiados por el gobierno de Mauricio Macri en el transporte urbano que no tiene jurisdicción nacional y de la tarifa social eléctrica.
En abril el Gobierno había restringido los alcances de la tarifa social del gas y cuando los gobernadores protestaron les dijo que suspendería la medida solo por dos meses siempre y cuando los mandatarios provinciales se hicieran cargo del costo adicional que generaba mantener el beneficio original. Una vez superado ese plazo ese costo adicional fue absorbido por los usuarios.
Ahora van más allá ya que directamente plantearon que dejarán de hacerse cargo de la tarifa social eléctrica en su totalidad. Todavía no está claro si es a partir de ahora o de 2019 y si la tarifa social desaparecerá o será solventada por los gobiernos provinciales. Dujovne buscó dejar en claro que es una transferencia, pero en las provincias aseguran que fue solo una estrategia para responsabilizar luego a los gobernadores si la tarifa social desaparece. “En el caso del transporte se sabía que iban a hacer algún cambio, pero de las novedades en la tarifa social nos enteramos viendo la televisión”, sostuvo ante PáginaI12 un funcionario del gobierno de Santa Fe. Fuentes oficiales aseguraron que conversarán sobre el tema con enviados provinciales en las próximas horas.
Los cambios generan malestar en las provincias porque el intento de transferirles mayores responsabilidades se combina con el recorte de ingresos. De hecho, el gobierno nacional eliminó el Fondo Federal Sojero y también viene reduciendo otras transferencias corrientes.
