La CEJA es un organismo controlado por la OEA, y depende del Departamento de Defensa de EEUU. El Vicepresidente es el Juez Daniel Petrone, integrante de la Sala I de Casación Penal, quien advirtió ante sus pares, que mantiene una «amistad íntima» con el ex-Ministro de Justicia Germán Garavano integrante -junto al prófugo «Pepín» Rodríguez Simón- de la denominada Mesa Judicial durante el gobierno de Mauricio Macri, con la clara intención de promover la persecución de dirigentes políticos, sociales y empresariales. La actividad en el Savoy fue prologada por diversos encuentros organizados por la Embajada de EEUU. en connivencia con organismos públicos.
Uno de ellos fue el cónclave académico en Rosario, el 18 y 19 de Agosto pasado, bajo el título :»La Persecución Penal del Narcotráfico» desde la experiencia internacional.- Dicha actividad contó con la presencia del Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, Hernán Botta, el Ministro de la Corte Suprema de Santa Fe, Daniel Erbetta, el representante de ILN en Argentina, Jeremy Swinnen y la directora ejecutiva del CEJA, Nataly Ponce. Esta última firmó un convenio durante la semana con el titular de los Jueces Federales (AJUFE) e integrante de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Jorge Morán .-¿Y saben quien es el Secretario general de la AJUFE,? Nada menos que el «todo terreno» al servicio del macrismo, Ariel Lijo.
La persistencia de la actividad diplomática de Washington, relativa a la cooptación de operadores judiciales locales, continuó en septiembre con la actividad nominada como «Taller» de la investigación y persecución de delitos transnacionales complejos en el Sistema Acusatorio.
En ese ámbito, de estricta apariencia académica, se congregaron Fiscales provinciales y Federales de todo el país para escuchar los «consejos» y las «buenas prácticas» sugeridas por la Oficina Internacional para el Desarrollo, Asistencia y Capacitación de los Sistemas de Justicia (OPDAT) dependiente del Departamento de Justicia de EEUU.
La OPDAT se especializa supuestamente ,en la lucha contra la corrupción», la trama con que se iniciaron las variadas ofensivas de criminalización política, responsables de los golpes institucionales en Honduras, Paraguay y Brasil. Esos parámetros de judicialización también operaron como orientación práctica para la criminalización de Rafael Correa, Lula da Silva y Cristina Kirchner.
Las exposiciones en el Savoy tuvieron como propósito persuadir a los presentes de:
- a) La necesidad de colaborar con la Justicia de EEUU para contar con herramientas más eficientes que las domésticas.
- b) Evidenciar la superioridad procedimental de los operadores judiciales visitantes(sic).
- c) Consentir formas de prioridad jurisdiccional de los tribunales de EEUU por sobre los
locales.
- d) Imponer jerarquía de delitos acordes a las necesidades del DOJ.
- e) Tender un manto de sospecha permanente sobre la política y los políticos Latinoamericanos (?).
- f) Valorizar el Mercado como el ámbito a ser imitado, en términos de sus valores ligados a la libertad y a la competencia. (Neoliberalismo puro que le dicen…)
- g) Transformar a Jueces y Fiscales en salvaguarda de un sistema que habitualmente
es corrompido por los «populismos». (!Vade retro!)
Estas jornadas de formación o de cooptación de operadores judiciales desplegadas por Washington son funcionales a la guerra judicial( lawfare) ejecutada a partir de el primer lustro del siglo XXI para cercar, contener o limitar las expectativas de soberanía jurídica. Sus mentores buscan la utilización de herramientas normativas para la persecución política y su uso como un arma para destruir al adversario político, nada menos, en los estrados judiciales.
Para evitar que dichos mecanismos arbitrarios y brutales puedan transformarse en un «boomerang» y orientarse hacia las élites corruptas latinoamericanas, se busca imponer un doble estándar a través del cual se jerarquizan los delitos como más o menos escandalosos. En ese marco, los vinculados con proyectos populares deberán ser inventados, recreados y/o amplificados, al tiempo que los relacionados con los grupos concentrados deberán se invisibilizados y tramitados, en las sombras, por magistrados y fiscales entrenados, en el intercambio de favores, como en el caso de Correo Argentino. !Que tal!.
En síntesis, para que se entienda: la Criminalización sugerida por Washington supone la consecución de objetivos políticos a través de medios legales. El objetivo estratégico es, como en toda guerra, el control de recursos estratégicos y la anulación, proscripción o aniquilamiento de los sujetos sociales, individuales o colectivos que tengan o puedan llegar a contar con capacidad de interferir o evitar dicha dominación. El modo que forma la criminalización de la política fue fundada e ideada en 1997 por Willan Kristol y Robert Kagan, en el marco del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, para la nueva neo -colonización además de la militar.
En ese Proyecto se expone la paradoja que los mismos que promovieron los golpes militares en la región, sean capaces de irrumpir como los agentes aptos para reconfigurar los sistemas judiciales de quienes fueron sus víctimas. Lo que se dice: ¡Un cinismo total! Un ejemplo de este accionar quedó evidenciado en las comunicaciones de los embajadores de EEUU, filtradas por Wikileaks de todas las figuras políticas argentinas que se reunieron con los embajadores de EEUU, y difícilmente alguno supere al ex Presidente de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, el creador de la «Doctrina Irurzun».
La tercera etapa es caracterizada como geopolítica, en un texto dedicado al «lawfare», en la cual se suma la jurisdicción de EEUU, en forma directa en la configuración política de la región.-Además de la construcción de una hegemonía legal, basada en voces expertas funcionales a los intereses de Washington, a lo cual se suma la imposición de determinados órganos legales y la proscripción política neocolonial.
En Agosto pasado el legislador «trumpista», integrante del Comité de relaciones Exteriores del Senado, exigió al Secretario de Estado, Anthony Blinquen, que Cristina Fernández de Kirchner fuera catalogada como corrupta y que se le impidiera a ella y a sus familiares el ingreso a los EEUU.
De esta manera no nos extraña esta nueva manera de colonización que ejecuta el Imperio», para de una manera que parezca legalizada las decisiones judiciales para favorecer a sus corporaciones. El problema no es lo que nos quieren imponer desde afuera, que es posible porque cuentan con el «cipayismo» de una Justicia que destila venalidad y corrupción desde la Suprema Corte, y los fueros Federales.
