En diálogo con El Día relató aspectos de lo observado. “Cuando tomo conciencia de lo que pasaba presento un pedido de informes sobre el tema de la soja, desatándose el debate. Se comunicaron directores de escuelas rurales planteando varios aspectos”.
Dijo que el jueves 19 “me hice presente en Costa San Antonio, en la escuela rural Nº 67, José Ingenieros, a escasos kilómetros de la escuela Nº 29, que motivó el pedido de informe al CGE. Me reunió con su director, Guillermo Correa, quien mostró interés por aportar elementos para la regulación efectiva de estas actividades agropecuarias”.
Relató que Correa “me mostró la escuela la que aparecía rodeada de plantaciones de soja a unos 30 metros de la propiedad escolar. Está preocupado porque los alumnos recorren kilómetros entre los sojales para escolarizarse y que ellos y sus familias, habitan casas rodeadas por estos cultivos”.
También hizo referencia “a que personalmente ha investigado el tema y no encontró un criterio claro de las consecuencias del contacto con las sustancias químicas que para esta producción se utilizan”.
-¿Se le hacen estudios a los alumnos?
Dijo que hace el seguimiento de los chicos y no hay evidencias, en principio, de daño alguno en la salud. Nos comprometimos con Bos a trabajar en conjunto con el maestro para crear normas adecuadas para esta problemática.
El Secretario de Medio Ambiente de la provincia, Ing. Fernando Raffo, expresó ante la consulta de El Día que “el CGE es responsable en primera instancia si los terrenos son propios y los alquila a terceros para realizar alguna actividad productiva. Si no fueran del Consejo, lo mismo, puede generar una resolución a través de otros organismos de gobierno para limitar la actividad productiva intensiva cerca de establecimientos escolares”.
– El problema económico hace que las cooperadoras tomen este camino.
Para resolver la situación económica pueden arrendar los terrenos para producciones que no sean tan riesgosas desde el aspecto sanitario, por lo que hay que buscar alternativas con forrajeras -como el sorgo- que no requieren aplicación de agroquímicos.
Aparte, por más dinero que se necesite no se puede poner en riesgo la salud de las personas, en este caso niños ni por toda la plata del mundo.
-¿Quién debe controlar?
La autoridad de aplicación de la ley de agroquímicos es la Dirección de Producción Vegetal cargo del Ing. Fernando Arbitelli. Esta ley fija criterios a tener en cuenta sobre las distancias, responsabilidades y recaudos a la hora de aplicar agroquímicos.
La autoridad de salud que más se acerca es la Dirección de Epidemiología, cuyo director es Pablo Baso, tienen datos sobre los efectos de los agroquímicos en la salud.
Desde ya, la Secretaria de Medio Ambiente tiene competencias en la contaminación del medio como agua, suelo, aire.
-¿Cuál es primer paso que debe dar el Estado?
Para dar respuesta rápidamente el CGE debería llamar a una reunión haciéndose eco de la preocupación de un grupo de padres y actuar sacando una resolución que limite el arrendamiento a las cooperadoras para que realicen actividades productivas que tengan un riesgo implícito para la salud de los chicos; si no lo puede hacer solos llamar a los otros actores que tienen incumbencia para arribar a una resolución conjunta. Esto debe chequearse con la secretaría Legan y Técnica.
