Ese planteo catastrofista puede galvanizar tropa propia y tal vez sumar votos de gente que se asusta. Pero las exageraciones y los planteos catastrofistas también pueden resultar inverosímiles, generar rechazo y ser contraproducente a los fines electorales.
Desde el oficialismo reconocen que habrá una segunda fase del ajuste, pero aseguran que no habrá ninguna sorpresa y que el nuevo capítulo será parecido al primero. Niegan toda posibilidad de realizar un ajuste salvaje y afirman que continuarán con un ajuste gradual que ya han comenzado a plasmar en los primeros borradores del proyecto de Presupuesto 2018 que circulan por el Palacio de Hacienda.
En esas planillas preliminares hay un solo número que está fuera de discusión y es inamovible. Se trata del 3,2 por ciento de déficit primario en relación al PBI que ya fue anunciado en diversas oportunidades por Nicolás Dujovne. El problema al que se enfrentan es cómo lograr acomodar todo el rompecabezas para lograr que el desequilibrio presupuestario se reduzca en un punto porcentual desde el 4,2 que se proyecta para este año.
La dimensión del desafió se aprecia mejor cuando ese punto porcentual es traducido a valores absolutos: equivale a unos $ 100.000 millones. O cuando se comparan esta última cifra con algunas de las partidas del Presupuesto de este año: es el triple de todos los fondos disponibles en el año para el Ministerio de Salud o el doble de los recursos asignados al Ministerio del Interior, Obra Pública y Vivienda. Establecer una meta es una simple cuestión de voluntad. Armar un Presupuesto acorde a esa meta requiere de complejas decisiones políticas. Lograr que la meta se cumpla es una posibilidad supeditada a que las pautas en la que se basó el armado hayan sido acertadas y en la eficacia de la gestión.
El principal supuesto del Presupuesto es la pauta de crecimiento, que por ahora será fijada en un modesto 3%. En Jefatura de Gabinete y en Hacienda no depositan muchas expectativas en bajar el déficit vía aumento de los ingresos, aunque creen que el crecimiento se va a traducir en un aumento en la recaudación. Además descartan que la reforma tributaria que comenzaría a discutirse luego de las elecciones deje algún saldo negativo en la recaudación de 2018: la primacía absoluta que ostenta el objetivo de bajar el déficit va a limitar las concesiones que el oficialismo ofrecerá a los muchos reclamos sectoriales para que se les rebaje la presión impositiva. Los ingresos tendrán un impacto neutro.
La principal apuesta para bajar el déficit se concentra por el lado de los gastos. Si bien el criterio general es mantener el gasto en términos reales, de manera de licuar su peso en relación a un PBI que crecerá en términos reales, ese efecto es insuficiente para reducir el déficit al 3,2%. En el Gobierno admiten que habrá recortes. La versión oficial es que se trata de pasar el peine fino para eliminar gastos incorrectos y eficientizar el Estado. Pero más que al uso delicado de un peine fino, la forma insensible en la que están eliminando pensiones a personas discapacitadas se parece al uso de una brocha gorda para pintar un fino firulete. La tijera que más están afilando es para seguir cortando subsidios a los servicios públicos, que representan más del 2% del PBI. Eso significa que el año que viene se repetirán los tarifazos en electricidad, gas y agua, y seguramente se reanudarán los aumentos en el transporte que quedaron postergados para la segunda fase del ajuste.
