Aunque el caso Chocobar, cuando el policía de la Bonaerense de Avellaneda disparó y mató por la espalda a Juan Pablo Kukoc, tuvo lugar el 8 de diciembre del año pasado, la vigencia cobra espacio cuando, en febrero de este año, el presidente Mauricio Macri invitó al policía a la Casa de Gobierno para defender su actuación, intentando dejar en la vereda de la ilegitimidad al fallo judicial que había procesado y embargado a Chocobar.
A partir de ese momento, sucedió en pocos meses una peligrosa lista de muertes y heridas por balas policiales.
El 6 de febrero, un integrante del Grupo Halcón, Brian Montes, mató a tiros a Fabián Exequiel Enrique, de 17 años en Quilmes. Lo baleó desde la ventanilla de su auto, lo dejó desangrándose y huyó. Se presentó al día siguiente ante sus superiores con su declaración armada: lo habían intentado asaltar varios y disparó en defensa propia.
Un día después, en pleno Microcentro porteño, una persecución policial tras el robo en una joyería, derivó en una balacera desatada entre el público durante el día. Resultado de la persecución policial para evitar el delito: una jueza, un secretario heridos y uno de los asaltantes heridos. De milagro no murió nadie ni se registraron más heridos.
Otro caso de habilitación previa a la Reglamentación es el de Carla Céspedes. La mujer policía mató a tiros por la espalda a un hombre que había realizado un robo en un supermercado chino de Caballito. En primer instancia, Céspedes fue procesada por el hecho, pero con posterioridad el Tribunal Oral 14 de la Capital Federal la absolvió. Cuando se produjo esa medida, la mujer policía, que pertenece a la fuerza de seguridad porteña, fue recibida por las autoridades del Ministerio de Seguridad, que en un comunicado resaltó que la medida “cambia el paradigma judicial con respecto al accionar policial”.
La violencia institucional también se hizo sentir en Tucumán, donde la policía asesinó de un balazo en la nuca a un niño de 12 años, mientras que por el mismo motivo tres gendarmes fueron imputados por haber disparado también por la espalda contra Nahuel Sala, un motociclista de 19 años que evitó un control durante la madrugada en Villa Centenario, Lomas de Zamora. Los padres de Sala, quien fue internado en el Hospital Gandulfo con los riñones perforados, denunciaron que su hijo no tenía “ni una gomera” y que los efectivos lo atacaron sin motivos.
