El Asesor-Coordinador de la Secretaría, el abogado Jorge Legascue, se preocupó por aclarar que no se trató de un allanamiento, sino de una inspección judicial en relación a una investigación iniciada a partir de una presentación realizada en mayo por el área en el Juzgado de Instrucción N 3.
En abril se informó de la existencia “de cinco subsidios que técnicamente estaban muy bien armados pero que tenían falencias” y uno de ellos “con la firma de Luciano Andrés Sack” se cobró a nombre del diputado Rubén Adami, quien dijo a la prensa en ese momento que había perdido su documento de identidad. La situación llamó la atención, por lo que se comenzó una investigación interna que terminó en el descubrimiento de “cinco expedientes con posibles antecedentes penales”.
La llegada de la comisión judicial y policial, encabezada por Ricardo Bonazzola a cargo interinamente del Juzgado de Instrucción N3, causó un revuelo en las oficinas y una buena impresión en autoridades, según manifestaron. “Ellos concurrieron a la dependencia a los fines de munirse de los datos y de lo que ellos consideran que necesitan para la investigación instructoria que llevan adelante”, explicó Legascue.
“Era lo que nosotros queríamos. Por algo fuimos denunciantes”, dijo Legascue para añadir que la investigación está en la etapa de compilación de datos, antecedentes y de cotejo de pruebas. En esa fase, de acopio de pruebas, Abolafia fue convocado la semana pasada a declarar, circunstancia en que ratificó la denuncia y amplió detalles. Paralelamente a la instancia judicial, se inició una investigación administrativa que quedó en manos de la Dirección de Sumarios, área dependiente de la Fiscalía de Estado.
Tras la detección de las posibles irregularidades, Abolafia dijo que la metodología de entrega no le parecía “adecuada”, por lo que emitió resolución la 805 que reglamenta el tema de los subsidios.
