A pesar de que la ley se aprobó en junio de 2003, y que el artículo 12 ordena al Poder Ejecutivo a reglamentarla “dentro de los 60 días de su promulgación”, ello todavía no ha ocurrido. Aunque ahora esa situación podría subsanarse.
El texto que está en el área que conduce el secretario Juan Abolafia da forma a un Sistema Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y Educación Sexual, y crea un Consejo Asesor Técnico, que tendrá a su cargo no sólo instrumentar la política específica en hospitales y centros de salud sino que además asume el rol de definir los contenidos del plan de educación sexual en las escuelas.
Ese consejo tendrá participación del CGE, el Ministerio de Salud y Acción Social y representantes de la Federación Sexológica Argentina, universidades y organizaciones no gubernamentales que tengan que ver con la temática. Un apartado del artículo 4º del proyecto de decreto reglamentario de la Ley 9.501 dice textualmente: “Se incluirá en las políticas de educación sexual, como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género”.
DIFERENCIAS
El plan de Salud parece ir diametralmente en contra del programa que ya tiene avanzado el CGE, con participación de la Iglesia Católica y otros credos, que desterró de sus líneas centrales ese principio de género, ya cuestionado por la curia, y que cobró forma con la resolución 2.576 del 27 de octubre último. La comisión ad hoc de Educación que tiene por misión elaborar los ejes centrales de los contenidos que se darán en las escuelas, que integra entre otros el delegado episcopal de Educación, el presbítero José Dumoulin, plantea como eje central que “los padres son los educadores sexuales por excelencia”, y que en esa tarea la escuela sólo “debe colaborar”.
La propuesta, que pilotea la titular del Jurado de Concursos, Silvia Kupervaser, surgió tras la marcha atrás que debió hacer el Gobierno en 2004 no bien se puso a andar un plan de educación sexual coordinado por la especialista Silvia Darrichón pero que no fue del agrado de la Iglesia Católica. El clero observó entonces que la perspectiva de género suponía la ausencia de un “concepto integral de persona, como creada por Dios, a imagen y semejanza”.
En sus líneas centrales, el nuevo plan de Educación subraya en su “marco orientador” que la educación sexual debe desarrollarse “dentro de una concepción filosófica de persona como sujeto de naturaleza bio-psico-social y espiritual desde los comienzos de la vida”. Y que la sexualidad “ha trascendido el aspecto reproductor, es parte de la identidad misma de la persona, constituyendo en ella un rol masculino o femenino” y por ende la función genital debe enfocarse “desde una educación totalizadora e integradora de todos los aspectos del hombre”.
OBJETIVOS
Pero la propuesta que ahora maneja Salud vuelve a aquella primera versión de la Ley 9.501 y hace suyos los paradigmas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que se refiere a garantizar a toda persona el acceso a “información y consejería en materia de sexualidad y el uso de métodos anticonceptivos, la prevención, diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual”. Y sin ignorar el rol de la familia en la educación de sus hijos, pone de manifiesto la necesidad por parte de instituciones educativas y de salud de “generar un espacio de reflexión, junto a la familia, para el logro de una sexualidad sana y responsable”, y para que se tengan en cuenta realidades como “el inicio temprano de las relaciones sexuales”, el aumento de embarazos no deseados entre los adolescentes, la deserción escolar producto de los embarazos y los abortos provocados, entre otras cuestiones.
Pero en materia de educación sexual, el proyecto contempla la necesidad de que quienes participen del denominado Consejo Asesor Técnico deberán contar con título terciarios y/o universitario en educación sexual, ciencias de la salud o ciencias sociales con formación en educación sexual y sexología clínica. Esos criterios de selección parecen hechos a medida para hacer a un lado a los integrantes de la comisión ad hoc que conformó Educación, la mayoría sin formación específica en el tema.
Diputados enfrió el debate por la ley
La cámara de diputados decidió enfriar el debate iniciado tres meses atrás tras la aprobación en el Senado de una serie de cambios sustanciales sobre el texto de la Ley 9.501 que, en esencia, la vacían del contenido original.
Las modificaciones a la norma, impulsadas por los senadores Mariano López (PJ) y Graciela Zambón (UCR), apuntan a eliminar del texto original la denominada “perspectiva de género” en educación sexual, y también reemplazar el perfil del plan de educación sexual a implementar en las escuelas por uno que respete “la naturaleza biológica del ser humano y los derechos indelegables de la familia con respecto a la formación de los hijos”. Además, suprime la pretensión del texto original de aplicar mecanismos de prevención del embarazo adolescente, y lo suplanta por un llamado a “promover la reflexión conjunta entre los adolescentes y sus padres, sobre la salud sexual y reproductiva y sobre la responsabilidad con respecto a la concepción de la vida desde la fecundación y de enfermedades de transmisión sexual”. Esas modificaciones cuentan con el aval de la Iglesia Católica, que se pronunció oficialmente. Un documento hecho público el 17 de octubre último por los responsables de la provincia eclesiástica de Entre Ríos, subraya: “Expresamos el respetuoso reconocimiento a toda legislación y a toda política de Estado que haga del respeto al matrimonio, a la familia y a la educación integral incluyendo su dimensión moral, el cimiento de la justicia y la paz que deseamos se pueda alcanzar totalmente en nuestra Sociedad. Entendemos que éste es el camino para la promoción de la vida y de la dignidad de la persona humana”.
