Los jueces de la Sala adhirieron al pedido del fiscal de la causa, Carlos Larrarte, quien había pedido 3 años para Fuertes; 2 años y 6 meses en suspenso para el secretario de Gobierno, Osvaldo Saporittis; y 2 años para la tesorera Graciela Christensen y para el contador Fabián Velazco. También están inhabilitados para ejercer cargos públicos en forma absoluta y deberán trabajar en instituciones comunitarias.
El tribunal constató la defraudación a las arcas del municipio, al acreditar como válidas las adulteraciones de un sinnúmero de facturas que fueron citadas por Larrarte y citadas por este medio durante el transcurso del juicio.
Además distinguió, en uno de los párrafos, la responsabilidad de los cuatro imputados. La sentencia, dictada y leída por la presidente Mariela Rojas, señaló que Fuertes y Saporittis manejaban el dinero depositado en la cuenta bancaria de la municipalidad. “La mayor parte de la documental adulterada se vincula con documentación obtenida y presentada por Fuertes. Saporittis también aparece rindiendo algunos gastos improcedentes, era una especie de gerente municipal encargo de compras y pagos”, señala la sentencia.
En tanto que Christensen y Velazco debían (por la Ley Nº 3001) controlar los pagos y evitar el pago de expedientes irregulares. “La conducta de ambos habilitó la conducta de Fuertes y Saporittis, quienes no hubieran podido llevar adelante esos manejos si los resortes de control hubieran funcionado adecuadamente. Ambos lo soslayaron deliberadamente”, señaló Rojas.
Al término de la lectura de la sentencia, Fuertes mantuvo la postura que había ejercido a lo largo del juicio, declarándose inocente y señalando que el culpable de lo sucedido a Saporittis. “Soy inocente; el único h… de mil p… que me c… fue mi íntimo amigo que yo tenía que era Osvaldo Saporittis”, señaló. Saporittis no hizo declaraciones al igual que Christensen; Velazco estuvo ausente.
Fuertes no negó haber viajado seguido a Mendoza, Buenos Aires, Rosario e incluso a La Rioja “cuando estaba el Dr. Menem de presidente”. Pero negó que los viajes hayan sido efectuados por cuestiones personales sino que se debían a la gestión municipal. “Lo que pasa es que esos papeles los dominaba todos el contador Saporittis y me metió en un lío”, agregó.
Fuertes incluso, luego de escuchar a la presidenta del Tribunal Mariela Rojas alegar durante más de una hora las responsabilidades que le cupo junto a sus tres colaboradores por la adulteración de facturas por $ 9.000, señaló sin inmutarse: “yo al municipio de Puerto Yerúa nunca le toqué un peso”.
Incluso, a pesar de la inhabilitación para cargos públicos dictada pocos minutos atrás, Fuertes proclamó públicamente que: “en el 2011 voy a ser el intendente de vuelta de Puerto Yerúa”.
El defensor de Fuertes, Rubén Dri, señaló que la inhabilitación no está firme porque debe expedirse el STJ. Y agregó que Fuertes puede reasumir en su cargo, pero “evidentemente no tiene voluntad de hacerlo”. También adelantó que apelarán e irán a la instancia de Casación Penal. “Vamos a analizar la sentencia porque hay elementos con los que no estamos de acuerdo respecto del análisis de la autoría”, sostuvo.
El único consuelo para la defensa fue que el Tribunal no consideró que no está acreditado que $ 4.000 gastados por el municipio en el comercio Delgado Vidrios –que estaba cerrado en la localidad en ese momento- hayan sido malversados. Ese había sido uno de los alegatos de Dri, pero éste reconoció que con “sólo un hecho probado, ya se puede dictar una sentencia”.
