El reclamo surge a un año del informe de Clarín sobre el pedido de coimas en la misma ruta, también en Entre Ríos. Pero esta vez las arremetidas son sobre los camiones. Varias ilegalidades señaladas por el sector fueron comprobadas esta semana en una recorrida.
«La Ley Nacional de Transporte (24.653) dice que ninguna autoridad municipal ni provincial tiene facultad para controlar el transporte de carga interjurisdiccional o internacional, salvo que firme un convenio con Nación. Y con Entre Ríos no firmó», señala Luis Morales, presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC). Luego agrega: «Sin embargo, igual paran a los camiones brasileños, les hacen sanciones que no corresponden y los detienen en la ruta hasta que pagan la multa. Existe un afán recaudatorio porque una vez que pagan, los dejan ir con la supuesta anomalía».
Efectivamente, Nación sólo facultó a Gendarmería a controlar el transporte de carga. «El conflicto es únicamente con la policía de Entre Ríos. Hay empresas que pagan $ 80 mil al mes en multas por exceso de altura de los camiones (cada una es por $ 276). Lo contradictorio es que en la aduana argentina los dejan ingresar. Es una trampa», afirma José Elber Machado Da Silva, gerente ejecutivo de la Asociación Brasileña de Transportes Internacionales (ABTI).
Por el paso fronterizo de Uruguayana-Paso de los Libres ingresan entre 700 y 1.000 camiones por día, la mayoría brasileños. El control de la altura allí es casi nulo. «Los medimos sólo cuando vemos que podrían estar excedidos», reconoce Jorge Morilla, funcionario de Vialidad Nacional en Paso de los Libres. Luego de pasar Corrientes y los puestos de Gendarmería, los camiones son detenidos en Chajarí y Concordia, donde policías los miden con una caño, la mayoría de las veces sobre la banquina e inclinados.
A pesar de integrar un bloque en el Mercosur, la legislación de ambos países difiere. En Brasil permiten hasta 4,30 metros y en Argentina, 4,10.
Muchas empresas aseguran además que existen imputaciones falsas. «Salen de Brasil con 4,10 metros y en Chajarí los miden inclinados, para que dé 4,12. Si no, miden la altura del paragolpe o el dibujo de las cubiertas; si lo paran, lo multan. Pago 25 mil dólares por mes», dice un gerente brasileño.
Cuando son choferes brasileños, para cobrar en el acto, la policía entrerriana demora indefinidamente al supuesto infractor amparándose en el decreto provincial 1962, que discrimina conductores argentinos de extranjeros. Los últimos —dice— deberán abonar las contravenciones antes de dejar el territorio. Así, no dejan lugar a defensa. Una empresa fue a la Justicia entrerriana y los jueces declararon inconstitucional la medida sólo para ese caso. Algunas empresas no resisten la presión y tampoco los costos. «Estimamos que el 50 % de la flota brasileña paga alguna multa cada vez que entra a la Argentina. Creemos que los camiones autónomos son los que podrían estar pagando coimas», consideró Machado, de la ABTI.
