«Luego de agotadas las medidas de prueba propuestas por las partes, sin haberse individualizado al responsable del hecho denunciado, corresponde disponer el archivo de la causa, por imposibilidad de proceder», concluyó el juez sobre la investigación que había quedado radicada en el Juzgado Federal 11. El titular de este juzgado era el fallecido juez Claudio Bonadio y actualmente es subrogado por Ercolini.
Otero presentó una denuncia por supuesto encubrimiento y pidió identificar a la o las personas que, según el relato del periodista del diario La Nación Diego Cabot, le entregaron los seis cuadernos en la localidad bonaerense de Vicente López, el 22 de octubre de 2019, a días de las elecciones. Esos cuadernos serían «prueba que según el denunciante se ocultara por parte de persona o personas hasta el momento no individualizadas» y que no podían «desconocer cuan trascendentales eran», pese a lo cual las ocultó «del accionar de la Justicia por un plazo mayor a un año».
En su fallo, Ercolini se refirió a la prueba ordenada en la causa y explicó que, al declarar como testigo, Cabot se amparó en su derecho constitucional a preservar sus fuentes de información.
El Municipio de Vicente López, gobernado por Jorge Macri, no sólo no aportó las filmaciones requeridas del lugar donde se cree se concretó la entrega de los cuadernos, sino que informó al juez que habían sido borradas. Argumentó que «la capacidad de almacenamiento de las cámaras de video vigilancia era de aproximadamente 25 días, por lo que se veía imposibilitado de acceder a las filmaciones del 22/10/2019».
Los seis cuadernos fueron remitidos al Tribunal Oral Federal 7 que prepara el juicio oral contra los procesados en el caso, luego de que un actuario certificara que «se corresponderían con las fotocopias oportunamente presentadas», sobre las que se basó la causa. «Frente al cuadro de situación descripto, sólo puede disponerse el archivo de las actuaciones», concluyó el juez.
El juicio no tiene fecha de inicio aún y la Corte Suprema tiene pendientes de resolución planteos de inconstitucionalidad y nulidad de las declaraciones de los arrepentidos en el caso, entre ellas la de Centeno, quien está procesado y enviado a juicio. Entre los procesados por supuesta asociación ilícita y cohecho están la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Coordinación de esa cartera Roberto Baratta y exsecretario de Obra Pública José López. También fueron enviados a juicio empresarios vinculados a la obra pública y acusados de cohecho.
