Al presentar su escrito, los primeros días del año, el Grupo Clarín reconoció las pocas posibilidades de que prospere, no por la debilidad de sus argumentos, sino por la supuesta “falta de garantías” que implicaba la autoridad que debe resolver la cuestión. Al tratarse de un procedimiento administrativo, el planteo se eleva al “superior jerárquico”, en este caso la Presidencia de la Nación. Si es rechazado por Cristina Fernández, como adelantaron fuentes kirchneristas a Página/12, Clarín podría recurrir entonces a la Justicia, buscando un nuevo obstáculo para impedir la aplicación plena de la ley de servicios de comunicación audiovisual, aprobada hace ya tres años.
Respecto de la denuncia penal que el Grupo Clarín realizó contra funcionarios del gobierno nacional por “incitación a la violencia colectiva” y “coacción”, Sabbatella replicó que fue realizada antes de que se iniciara el trámite administrativo de adecuación de oficio. “Tan absurda fue la denuncia del Grupo Clarín en mi contra y en contra de otros funcionarios y periodistas, simplemente por expresar ideas contrarias a los intereses de los recusantes, que el fiscal que entendió en la causa la desestimó por inexistencia de delito, lo que fue aceptado por el juez”, sostuvo Sabbatella en su informe.
En aquella denuncia, Clarín también había involucrado a un grupo de periodistas, aunque luego dijo desistir de la acusación. Para fundamentarla, Clarín citó, entre otras declaraciones periodísticas, un comunicado de Unidos y Organizados. “Intentar apartar a un funcionario por estar vinculado o pertenecer a una organización política es absurdo y preocupante. Sería inhabilitante de una función como la que ejerzo tener o haber tenido un vínculo con quienes, violando todas las normas políticas, jurídicas y éticas, han usurpado el poder y asesinado a compatriotas, haciendo de los delitos de lesa humanidad un modus operandi para enriquecerse y/o imponer una política económica determinada”, advirtió el titular de la Afsca, sin nombrar la causa donde se investiga la complicidad de los diarios Clarín y La Nación con el gobierno militar para apropiarse de la empresa Papel Prensa.
