Antes de realizar la denuncia penal, y para tratar de evitar la quema de pastizales en las islas que se intensificaron en los últimos días, el municipio rosarino generó numerosos intentos para obtener su cese definitivo. Hace poco más de 15 días, Javkin y su par de Victoria, Domingo Maioco, se reunieron para demandar la urgente intervención de todas las áreas involucradas en la problemática. Además, el jefe del Palacio de los Leones envió una carta al Ministerio de Seguridad de Nación, a cargo de Sabina Frederic, que tuvo una rápida respuesta del área nacional de Protección Civil, ya que el pasado fin de semana comenzaron las tareas operativas para extinguir los focos de incendio en la zona de islas, con un trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado.
También se realizó una reunión en Rosario con miembros de Protección Civil de la Nación, con todas las áreas involucradas en el tema para coordinar un protocolo de actuación ante la problemática. Paralelamente, arribaron recursos aéreos pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego para el control de los focos ígneos. «Más allá del combate de los focos que se sostuvieron a lo largo de todo el último fin de semana de febrero, debemos avanzar en la prevención, y para ello es fundamental que haya sanciones ejemplares para las personas que realizan intencionalmente este tipo de prácticas, perjudicando la salud de la ciudadanía, poniendo en riesgo a quienes transitan las rutas nacionales y provinciales y dañando severamente el ecosistema», dijo Javkin.
En la denuncia, la Municipalidad precisó que los incendios se verifican desde 2004 y están vinculados a la expansión ganadera. «Surgen como una práctica tradicional de manejo de los pastizales naturales, lo que se hace indiscriminadamente y sin la debida autorización de la administración entrerriana, perjudicando a quienes circulan por las rutas cercanas con la potencialidad de causar accidentes, afectando la salud de los habitantes ribereños de la ciudad de Rosario, a su vez con la destrucción de la flora y fauna nativa, que se considera son bienes protegidos, concurriendo con el delito de daño, justamente por la afectación en un sistema que está protegido. En la actualidad con mayor riesgo de daño dado las escasas precipitaciones y las aguas bajas que propician la propagación de estos incendios», señala la demanda.
«Evidentemente -plantea la demanda- si bien en Entre Ríos está prohibido quemar pastizales sin una autorización otorgada por el Plan Provincial de Manejo del Fuego, casi ningún productor realiza ese trámite y las consecuencias nocivas de dicho accionar antijurídico deben ser sancionadas en defensa del ecosistema, de los habitantes de la ciudad y la ribera». Por tal motivo, la Municipalidad consideró que «se requiere de una intervención efectiva del Estado para sancionar a los responsables y así lograr reducir la intensidad de los focos ígneos en las islas».
Imágenes satelitales que parecen contradecir al gobierno entrerriano
Los «incendios intencionales» en las islas entrerrianas frente a Rosario, ya afectaron una superficie que alcanza los «23 kilómetros cuadrados» de pastizales en los últimos 30 días, según el grupo ecologista “El Paraná No se Toca”. Las quemas en las islas «no tienen autorización y, por lo general, la realizan empresarios ganaderos para renovar las pasturas, costumbre que no es compatible con los humedales», remarcó la entidad ambientalista.
Por orden del gobierno entrerriano, la quema de pastizales estába prohibida hasta fines de febrero pasado y señalaron que los incendios de ahora son producto de rosarinos que acampan sobre la ruta. Una imagen de la NASA mostró que los incendios ilegales se ubican isla adentro.
La imagen tomada por un satélite de la NASA y aportada por la organización “El Paraná no se toca”, muestra dónde están los focos de incendio de los últimos cinco días: isla adentro.
“En una zona de difícil acceso”, precisó, en declaraciones a un diario rosarino, la periodista especializada en ambiente, Jorgelina Hiba, quien compartió la imagen en su cuenta de Twitter para poner de manifiesto “la contradicción o desidia” del gobierno entrerriano.
Un conflicto de larga data
Año 2008. Las islas se queman y en buena parte de la ciudad la gente huele humo y ve caer cenizas traídas por el viento. El olor volvió durante esta semana y trajo las mismas sensaciones de hace 12 años y que se repiten desde ese momento. A pesar de distintas medidas tomadas por las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, las quemas siguen.
Abril de 2008. Los incendios en las islas de Victoria y Zárate llevaron el humo hasta el Obelisco porteño. El tema cobró trascendencia nacional. En Rosario, las cenizas en el aire y el humo (más de uno se acordará de la poca visibilidad que había incluso en pleno centro, a cualquier hora del día) siguieron hasta septiembre. En el medio, el entonces intendente Miguel Lifschitz recurrió, junto a la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a la Corte Suprema nacional contra los gobiernos de Entre Ríos y Buenos Aires.
En Victoria, esa decisión originó una disputa que se alargaría por unos años. “Que antes de denunciar concientice a los ruralistas rosarinos que tienen campos y queman”, declaró el entonces delegado de las islas de la Municipalidad de Victoria, Gustavo Spadillero; a su vez, el director de Defensa Civil de esa ciudad, Fabián Daydé, ironizó: “Es como que un vecino me pida que mantenga limpio el patio de mi casa”. Mientras, los incendios seguían.
Recién en septiembre del mismo año, los diputados de Entre Ríos aprobaron, en votación dividida, la prohibición de prender fuego en zonas rurales y forestales sin un estudio previo del terreno. Con el correr de los años, se impondrían vedas para quemar en los meses de verano.
En el mismo mes se firmó en Buenos Aires un acuerdo que sigue vigente hasta hoy y que se recuerda por la longitud de su nombre: el Plan Integral Estratégico para la Conservación y el Aprovechamiento Sostenible de la Región Delta del Paraná (Piecas-DP). A la iniciativa suscribieron los funcionarios de ese entonces: la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner; el gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli; y el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri.
Con el acuerdo, se impulsaba la creación del Comité Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible de la Región Delta del Paraná, que comenzó a trabajar en 2009. En el mismo, deberían colaborar en conjunto la Nación, las tres provincias firmantes y alrededor de 20 municipios.
Después de la firma, Urribarri prometió sacar a los productores que hicieran quemas en las islas, algo que en enero de 2009 reafirmó anunciando que no volverían a arrendar las tierras isleñas donde se hubieran quemado pastizales. Desde la Intendencia aprovecharon el gesto para calmar las aguas. “Es una decisión razonable”, manifestaron.
En marzo de 2011, la inauguración de una sede con brigadistas en la cabecera del puente a Victoria y las declaraciones del entonces ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio —“Entre Ríos no cuenta con una brigada para solucionar el problema”— reavivaron las disputas entre funcionarios santafesinos y entrerrianos.
“No entendemos qué pretende Santa Fe al subestimar o no reconocer la capacidad de Entre Ríos y de Victoria para enfrentar estos problemas. Es muy raro e irritante”, dijo sin vueltas Daydé, y agregó: “Durante los incendios de 2008 la provincia que menos ayudó fue Santa Fe, más allá de los bomberos voluntarios que vinieron por su cuenta”.
A principios de 2015, con las quemas de fondo, la Corte Suprema desestimó el recurso de amparo presentado por el municipio y la UNR en 2008. Se dictaminó que la universidad no estaba legitimada para accionar en ese caso y se declaró “abstracto” el reclamo del municipio porque, durante los casi siete años que separaban la presentación del fallo, se tomaron medidas y el fenómeno no se repitió como aquella vez.
