Entendiendo a la vacunación como la estrategia de atención primaria más importante de cualquier política sanitaria, garantizar entonces que el esquema de inmunización se efectivice en tiempo y forma resulta indispensable.
Sin embargo, en la actualidad, lo desarticulado en la entrega regular de vacunas por parte de Nación, se viene gradualmente agravando y ya comienza a hacerse sentir su efecto en nuestra provincia como en tantas otras.
La operatividad central del sistema de vacunación en el país es privativo de la Nación y su recorrido, comienza en julio de cada año cuando las provincias argentinas elevan sus respectivas programaciones que tendrán efecto al año siguiente. Planillas en mano, Nación hace la compra y luego la distribuye a las respectivas provincias. En un paso siguiente los estados provinciales a su vez, la reparten en sus vacunatorios que en Entre Ríos son más de 360.
En consecuencia, las provincias quedan a expensas de una situación que las supera producto de que por ley no pueden salir a comprar vacunas por su cuenta y como consecuencia de ello todo queda reducido a agilizar de modo permanente el reclamo ante las autoridades de la Secretaría de Salud de la Nación.
A propósito de ello el bajar de rango al otrora Ministerio de Salud de Nación y convertirlo en Secretaría también refleja un desmerecimiento institucional en el caso concreto del sistema de inmunizaciones; de modo tal que la Dirección a cargo de inmunizaciones pasó de nivel I a II con todo lo que ello implica a la hora de merituar la capacidad de resolución.
Actualmente, la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DICEI), sufre la misma tortura que viene padeciendo toda la estructura del entonces Ministerio de Salud, hoy avenido a Secretaría de Estado profundizando, en lo que hace específicamente a vacunas, una problemática que comenzó a hacerse notar allá por el 2016 y llego a su pico de alerta durante 2.18. Con el agravante de que el 2019, ya viene mostrándose como parte de una continuidad semejante.
El calendario nacional tiene 21 vacunas y 7 más, circulan por fuera de esa programación. Desde Nación, se aduce con alguna razón, que el problema a veces se genera en la lenta respuesta de los laboratorios o inconvenientes en las aduanas. El resto del problema surge evidentemente, de un desaliento en las prioridades de gestión. Entre Ríos tiene un escenario de vacunación donde se colocan más de un millón de dosis por año.
La dinámica de estas entregas caracterizadas por su irregularidad en cuanto a su flujo de distribución, hace que en circunstancias las vacunas pasen de faltantes a existentes o viceversa casi al mismo tiempo, de modo tal, que termina generando distorsiones en la programación provincial anual. Todo lo cual, concluye en el natural reclamo de la gente que concurriendo a los vacunatorios provinciales tiene un no como respuesta.
Ante la demanda de la provincia a Nación en cuanto a la necesidad de una respuesta seria y efectiva surgen muchas más vaguedades que precisiones. Y así, de ese modo, el problema, se dilata en el tiempo y se agrava en su concepción. Y entonces, deja de tener razón el hecho de que el estado debería reafirmar la vacunación como una política de estado sustancial. Y, en consecuencia, el programa de inmunización debería emerger como un bien social que establezca la prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular manteniendo claro, el natural estatus de gratuita y obligatoria pero no sucede, generando como consecuencia un laberinto de preocupantes incertidumbres.
