En los considerandos del decreto del Ministerio de Salud, se reseña que el 17 de enero de 2017 una paciente embarazada con fecha de cesárea programada para el día 20 del mismo mes, se habría presentado al hospital “Centenario” de Gualeguaychú, con contracciones, junto su madre.
Alrededor de las 10:30 de la mañana de ese día, una partera les comunica que no había ginecólogo y que la iban a trasladar a Concepción del Uruguay, explicándole que hasta las 21 no había médico cirujano para practicarle la cesárea.
En ese momento, al ver a su hija dolorida y en pleno trabajo de parto, la madre habría propuesto que la trasladen a un sanatorio de Gualeguaychú, donde ella se haría cargo de pagar la cesárea, a fin de evitar el viaje y los inconvenientes que pudieran surgir durante el traslado, trámite que no habría podido realizarse atento a que le solicitaban la derivación de un médico responsable y no se habría ubicado a ninguno que lo dispusiera. Pero en horas del mediodía aproximadamente les habrían informado que no podrían trasladarla a Concepción del Uruguay, porque en la neonatología del nosocomio local había un virus.
A raíz de lo mencionado precedentemente, se decide trasladar a la paciente al hospital “San Antonio” de Gualeguay, junto con una obstetra, una enfermera y sus familiares siguiéndolos en un vehículo particular. Pero al llegar a Gualeguay les habrían informado que no la recibirían porque no había anestesista.
El periplo finalizó en el hospital Masvernat de Concordia “donde fue internada inmediatamente y revisada, produciéndose el nacimiento por parto natural”, según se reseña en los considerandos del decreto.
Por lo expuesto previamente, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud aconseja la instrucción de una información sumaria en el ámbito de los hospitales “Centenario” de Gualeguaychú y “San Antonio” de Gualeguay atento que, por las circunstancias descriptas, habrían existido omisiones e irregularidades en el deber de prestación del servicio de salud en los nosocomios mencionados anteriormente.
Por ello se debe investigar a fin de determinar la verdad de los hechos y precisar quiénes serían los responsables en orden a que se adopten las medidas que correspondan derivadas de la responsabilidad que en cada caso se determine.
