El proceso se encuentra en manos de los legisladores. Comenzó el 9 de junio de este año, cuando la Superintencia de Seguros dictó la resolución Nº 31.134 referente a la exigencia de capitales mínimos para operar en el rubro seguros, y la resolución Nº 31.135 modificando el cálculo de Reservas por Siniestros que debe “pasivar” las empresas en sus balances, “determinando una mayor exigencia de capital que las empresas deberán aportar para lograr el capital mínimo requerido” por el órgano de contralor.
La presidente de la entidad que realizó una equivocada ponderación de los índices, lo que llevó a que inicialmente la demanda sobre el Ejecutivo fuera menor —cerca de 10 millones de pesos— a lo que terminó siendo en definitiva. Este fue el motivo central por el cual no ingresó en el Presupuesto provincial, que se analiza en las Cámaras, y requirió un pedido de autorización de la Legislatura para su adecuación a los fines de la capitalización.
Al frente de la empresa se encuentra la sobrina de Busti, Lidia Miret de Díaz, una de sus personas de confianza y miembro selecto de su círculo áulico. La titular de la firma, ostenta de viva voz su relación filial con el gobernador tanto cuanto puede y tiene un manejo autoritario. Tiene un salario cercano a los 7.000 pesos (hoy supera los 9.000), casi tanto como el mismo gobernador. Pero habría recibido recriminaciones por el costo económico y político que significaría para el Gobierno obtener aval legislativo por fuera del Presupuesto y la inversión social a la que se renuncia con esta diferencia millonaria, nacida de la ponderación de un indicador de un trimestre anterior que desactualizó los valores necesitados.
Según versiones, el ministro Valiero se opuso a esta decisión inicialmente intentando encontrar un atajo financiero, ya que la normativa prescribe que el principal accionista debe capitalizar a la empresa, en este caso sólo el Estado. Se mantuvo firme, hasta que la decisión del gobernador hizo estéril cualquier resistencia.
El ministro Diego Valiero reconoció que él pidió “más tiempo para estudiar el problema”, chocando los aspectos técnicos con la premura política que la decisión requiere. “Es una cuestión en la que se hace un planteo de capitalización y no es para analizarlo rápidamente. Lo que necesitamos era mayor detenimiento. El Ejecutivo no está inserto en el negocio del seguro como lo están los funcionarios del Instituto. Tendríamos que haber buscado una consultora, que tampoco era garantía, para analizar todo, para saber hacia dónde va el negocio. Puede ser la mejor empresa, hoy es la única, no sabemos. Nunca me resistí ni hice un informe negativo. Es un proyecto que remitimos y se hicieron estudios y lo presentamos, y la definición estratégica estará ahora en manos de los legisladores”, dijo Valiero.
En suma, si quisiera interpretarse desde la óptica privada, lo que la cortesía e investidura del ministro le impiden decir, podría deducirse una hipótesis en la que ningún directorio de una empresa tomaría una decisión livianamente sin un estudio serio de factibilidad de la empresa y el mercado, como así también su proyección al menos en un decil.
Se trata, en definitiva, de una capitalización que supera en 3 millones de pesos el patrimonio neto de la empresa, que al cierre del ejercicio trimestral del 31 de marzo de 2006 alcanzó la suma de 15.486.679 pesos.
En el seno del directorio, según fuentes internas, se escucharon agudas recriminaciones técnicas y políticas hacia la presidenta ante el desacierto de la imputación de los valores que varió en casi 9 millones la estimación de capitalización, aunque ninguno de los directores consultados confirmó la especie.
