Según se adelantó el convenio que firmarán la provincia de Entre Ríos y la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación tiene por finalidad coadyuvar a la instalación, fortalecimiento y consolidación de los procesos tendientes a la implementación de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, conforme la impronta establecida por el Artículo 41 de la Constitución Nacional y de los objetivos planteados por la ley 25.916 de gestión integral de residuos domiciliarios.
En este sentido, Moguilner detalló que desde el año 2004 la repartición a su cargo viene trabajando en conjunto con la Secretaría General del Ministerio de Gobierno, a cargo de Lucila Haidar, en un Plan Provincial de Residuos Sólidos Urbanos, cuyo desarrollo viene siendo financiado por la Unidad Nacional de Preinversión, dependiente de la Secretaría de Política Económica de la Nación.
En el marco de este plan se dividió a la provincia en cuatro regiones: una con cabecera en Concepción del Uruguay, que engloba todo el departamento, más Colón, Rosario del Tala y Villaguay; otra con cabecera en Concordia, que abarca ese departamento, más Federación y San Salvador; la del Centro Norte, con cabecera en Feliciano, que suma a Federal, La Paz, Conscripto Bernardi, Chajarí, Bovril y otras localidades, y la de Paraná, que es tomada como monomunicipio y micro región a la vez, en función del volumen de residuos que maneja.
Según explicó, “este plan provincial va por el segundo informe de avance y debería estar concluido para febrero de 2007. Para ello están trabajando los técnicos y especialistas, que son consultores independientes, y se están ubicando los sitios tentativos de disposición final, donde se localizarían los rellenos sanitarios”. Precisó que “se requiere un radio máximo de entre 40 y 80 kilómetros de las localidades que harían llegar sus residuos para ubicar las estaciones de transferencia, donde se instalarán las plantas de tratamiento para reciclados”.
Moguilner indicó que este plan implica un proceso que “se inicia desde la recolección diferenciada de la basura, donde se dividirán los residuos orgánicos de los inorgánicos y, a futuro, los residuos biopatogénicos. El objetivo es tratar de mitigar los impactos negativos que generan los residuos en el ambiente, pero también la inclusión social de quienes viven de la basura, para que pasen de ser trabajadores informales a formales”.
El funcionario destacó que, con los términos de este plan provincial, el próximo miércoles el gobernador Jorge Busti firmará un convenio con la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, para incluir a Entre Ríos dentro de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Esto implica la posibilidad de que el plan provincial sea uno de los elegidos para ser financiado por el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento (BIRF), dependiente del Banco Mundial, en el marco del acuerdo que firmó con la entidad el presidente Néstor Kirchner.
Moguilner precisó que el convenio que suscribió el mandatario nacional con el BIRF implicaría el financiamiento de obras para el tratamiento de residuos sólidos en todo el país por 40 millones de dólares, que no deben ser reintegrados por las provincias.
La situación de Concordia
Cabe recordar que en el mes de octubre de este año el tratamiento de la basura en Concordia quedó en manos de la empresa CETRU S.A., luego de que el Concejo Deliberante ratificara el convenio firmado por el Municipio de Concordia y esa empresa para la construcción y operación de una planta de selección, reciclaje y disposición final de residuos urbanos por un plazo de 20 años, sin que se realizara licitación previa.
Este último punto originó la presentación una denuncia judicial por parte del ex concejal Eduardo Miranda y el ex- titular de la Fiscalía Administrativa, Oscar Rovira, en la abriendo una causa caratulada como “abuso de poder” en la que se acusa al intendente y siete concejales.
A su vez, los denunciantes realizaron tiempo después una ampliación de esta presentación en la que se acusa a la Municipalidad de haber dejado de lado un proyecto propio para el tratamiento de los residuos y, por otra parte, se señala como “insolvente” a Jorge Alberto Bóveda, titular de la firma CETRU S.A., por haber emitido 37 cheques sin fondos en el lapso de seis meses y deber dinero “en carácter de absolutamente irrecuperable” en dos bancos.
