La decisión del gobernador de intervenir la obra social se sustenta en un informe que le elevara la Comisión Fiscalizadora Permanente del Iosper en el que se señala la existencia de graves irregularidades en el funcionamiento institucional administrativo, así como el desfinanciamiento progresivo del ente.
Según se indica en los considerando de la norma algunas de las causas de la intervención son la “falta de conducción y pasividad en el accionar del directorio” de la obra social, “un grave atraso en el tratamiento de los expedientes” y además se resalta que los pedidos de informe de la Comisión Fiscalizadora Permanente “fueron respondidos parcialmente”, lo que impidió que se “ejerciera el contralor de competencia”.
Por último se destaca que “desde el punto de vista económico – financiero, la indefinición de los principales convenios impide evaluar la actual situación de la obra social y la real magnitud del déficit, sus orígenes, si obedece a un gasto real y genuino, que únicamente se controlaría con una disminución de las prestaciones”, o si ése déficit “estaría generado por una incorrecta asignación de recursos en prestaciones sobrevaluadas”.
