La medida se toma en consonancia con lo establecido en el artículo 208 de la Constitución provincial, que establece que la Procuración General designará un fiscal con competencia en toda la provincia que tendrá a su cargo la investigación y acusación de los hechos de corrupción y otros delitos contra la administración pública y que deberá designarse con intervención del Consejo de la Magistratura.
