Las otras funcionarias porteñas involucradas son las ministras de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Salud, Gabriela Reybaud, el secretario de Comunicación Social, Pablo Facundo Gaytan; y al exsocio de Niembro Atilio Alberto Meza.
En la web fiscales.gob.ar, se informa que el escrito detalla “las maniobras por las que el periodista deportivo y candidato a diputado por el Pro y su socio Alberto Meza lograron contratos millonarios con el Gobierno de la Ciudad de forma directa, evitando las licitaciones que impone la ley. Están imputados por el lavado de esos fondos”.
En el caso de los integrantes del gabinete porteño, fueron acusados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
“Para perfeccionar esta operatoria, se habrían invocado forzosamente razones de ‘urgencia’, dejando así habilitados los mecanismos previstos para la contratación directa”, expresa el escrito.
La denuncia presentada este viernes por el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica (Procelac), Carlos Gonella, y el coordinador y fiscal ad hoc del Área Operativa de Delitos contra la Administración Pública, Milton Khaski, expresa: “Nos hallamos por el momento frente a un universo de 164 contrataciones adjudicadas por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a favor de La Usina Producciones S.R.L. por un monto total de ,473,878,30” que nunca fueron otorgadas “a través del mecanismo de licitación pública”. Además, consideraron que Fernando Niembro y su socio Alberto Meza podrían haber incurrido en el delito de lavado de activos, por lo que solicitaron que la causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N°23 sea remitida a la justicia federal.
El escrito sostiene que “Fernando Niembro y su socio Alberto Meza fueron beneficiarios de esos contratos gracias al decreto 556/2010 que ordena que las operaciones impostergables que aseguren servicios esenciales deban llevarse adelante a través de contrataciones directas y así evitar los procedimientos establecidos por la ley 2095 de la Ciudad. Gonella y Khaski subrayaron que la realización de encuestas o el reparto de folletería no pareciera estar encuadrado en ese régimen excepcional que se “transformó en una suerte de regla inalterable”.
