La audiencia empezó a las 10 en punto en el cuarto piso del Palacio de Tribunales. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, explicó que la convocatoria se debió a que el tema es «de gravedad institucional». «Tenemos que analizar y decidir», dijo Lorenzetti, al dar inicio a la jornada acompañado del resto de la Corte: Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda, Raul Zaffaroni y Carmen Argibay, según da cuenta Página 12.
Del lado de los “amigos” del Estado, el titular de la Asociación Argentina de Juristas, Beinusz Szmukler, aseguró que Clarín es un «monopolio informativo integrado a la red mundial de la desinformación. El abogado destacó la necesidad de «proteger la libertad de expresión», evitando «la manipulación de gobiernos de turnos e intereses económicos», que ponen «límites a los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información».
El CELS abrió su presentación con una breve mención de su presidente, Horacio Verbitsky, quien destacó la realización de la audiencia pública pero criticó que se haya subordinado a los amicus curiae a ser amigos de una de las partes en el litigio. «No suscribimos a tranformar el amicus curiae en amicus parti», afirmó, y aclaró que no se impugnó ese punto para no colaborar con la «escándalosa dilación judicial de la ley elaborada con mayor participación social que se recuerde». Luego cedió la palabra al abogado y especialista en Derecho a la Información Damián Loreti, quien puntualizó que el fallo de la Cámara Civil y Comercial que dispuso la inconstitucionalidad de parte de dos artículos utilizó jurisprudencia de Estados Unidos que no se refiere a casos asimilables al de la causa iniciada por Clarín.
Víctor Abramovich, representante de la Universidad Nacional de Lanús, rechazó los argumentos de Clarín y sus defensores y afirmó que existe «una visión contrapuesta sobre qué entendemos por libertad de expresión”. Apuntó que el multimedios defiende su demanda basándose en una mirada «liberal-conservadora» sobre libertad de expresión «que impone límites a la acción del Estado, que excluye la protección estatal», explicó. En cambio, consideró que es deber del Estado «dar protección frente a actores no estatales, y debe transformar las condiciones estructurales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión; en especial de los sectores en desventaja para expresar su opinión».
El rector de la Universidad Nacional de San Martín, Carlos Ruta, planteó la necesidad de un Estado que establezca un sistema «protector de libertades y derechos» y que «limite» los derechos individuales en beneficio del «interés general». «Si el derecho se constriñe y limita es para asegurar el interés propio de cada uno de nosotros, los derechos individuales deberán soportar esas limitaciones, se trata de un sistema protector de libertades y derechos», aseguró el académico. Manifestó que el Estado debe «reglamentar y asegurar» el derecho a la libertad de expresión y que «no pueden alegarse intereses económico» para restringirlo.
Por su parte, el titular de Cooperar, Miguel Julio Rodríguez Villafañe, aseguró que recién en el 2009, con la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual pudieron «acceder a la palabra» las cooperativas, ya que «por 29 años» estuvieron marginados del sistema de comunicación. Recordó que en 2003 «fue la Corte la que dijo claramente que era inconcebible que al cooperativismo se lo marginara de la libertad de expresión», cuando el Máximo Tribunal declaró inconstitucional el artículo 45 de la Ley de Radiodifusión de la dictadura, que impedía a entidades sin fines de lucro ser licenciatarios. Agregó que «si el mercado no es regulado, tenderá a la concentración».
A favor del grupo Clarín y en nombre del Observatorio Iberoamericano de la Democracia, Asdrúbal Aguilar, sostuvo que la ley de Medios «propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos». Argumentó que «las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión» y tildó de «irrazonables», «arbitrarios», «ilegítimos» y «absurdos» los artículos en debate (45, 48, 41 y 161). Representando a la Asociación de Organizaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, Eduardo Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EE.UU. para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país «nunca se aplicó» la regulación en los operadores de cable.
En tanto, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) se refirió a la Ley pero no a su constitucionalidad, al afirmar que la norma «nació obsoleta porque no tiene en cuenta a Internet». Su representante, Carlos Laplacette, con la legislación «se incita a controlar la expresión de los demás» por parte del Estado y se propone «limitar la informacion». El semiólogo Eliseo Verón eligió una argumentación similar y criticó a la ley por «obsoleta» porque «no hay ninguna razón para limitar ciertas voces para que entren otras, porque todas caben» ante la aparición de internet.
El Comité del Consumidor (CODELCO) argumentó por su parte que la Ley de Medios «vulnera el derecho a elegir» de los ciudadanos porque «intenta restringir el acceso a una oferta plural». En tanto, el abogado Lucas Sebastián Grossman opinó que la norma «está prohibida» por la Convención Americana de Derechos Humanos porque «es una norma antimonopolio para medios de comunicación» y argumentó que para los medios de comunicación ya rige «la ley general de la competencia».
